Imprimir PDFEl retorno de Francisco Camps a la política activa no solo es un mal síntoma del estado actual del Partido Popular, sino también una bofetada a la memoria colectiva de una ciudadanía que aún recuerda los años más oscuros de la corrupción institucionalizada en la Comunidad Valenciana. Camps, quien presidió la Generalitat entre 2003 y 2011, dejó tras de sí un legado marcado no por el progreso o la gestión eficaz, sino por los escándalos, las imputaciones y un modelo de poder basado en el clientelismo y la ostentación.
A pesar de haber sido absuelto en el conocido caso de los trajes, Camps ha estado vinculado durante años a múltiples procesos judiciales relacionados con la trama Gürtel, una de las mayores redes de corrupción en la historia reciente de España. Su imagen pública quedó severamente deteriorada, y aunque legalmente puede volver a la arena política, éticamente su regreso representa un retroceso alarmante en términos de regeneración democrática.
La decisión de reaparecer —ya sea en busca de un cargo o como referente ideológico— evidencia una peligrosa nostalgia por un pasado que muchos en el PP valenciano aún no han terminado de dejar atrás. En lugar de apostar por nuevas caras, por perfiles con credibilidad y vocación de servicio, se recurre a figuras quemadas, asociadas al desprestigio institucional y al descrédito ciudadano. Es un mensaje preocupante, especialmente en una época en la que la confianza en la política está bajo mínimos y el populismo se alimenta de estos gestos autocomplacientes.
Francisco Camps no ha mostrado una autocrítica real. Más bien ha optado por una narrativa victimista, presentándose como un mártir político de su propio partido y del sistema judicial. Esa postura impide cualquier reconciliación verdadera con la sociedad a la que gobernó. La falta de humildad y de reconocimiento del daño causado contrasta con las exigencias éticas que hoy reclaman los votantes.
Su regreso, además, puede actuar como un catalizador de división interna dentro del PP valenciano, donde sectores más moderados y renovadores ven en figuras como Camps un obstáculo para avanzar hacia una organización más transparente y centrada en los problemas reales de la ciudadanía: la vivienda, el empleo, la sanidad pública y la lucha contra el cambio climático.
Es legítimo, por supuesto, que una persona absuelta judicialmente aspire a recuperar su espacio. Pero la política no debería ser solo un refugio para quienes fueron apartados por la presión social o mediática. La política debe ser ejemplaridad. Camps tuvo su oportunidad. Y la desperdició. Su regreso no sólo es innecesario; es profundamente inconveniente para una democracia que todavía lidia con las heridas de la corrupción.
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