Imprimir PDFRubén tiene diez años, una sonrisa contagiosa y una pasión desbordante por los animales. Le encantan los perros, las tortugas y los documentales de naturaleza. Sus cuadernos están llenos de dibujos de jirafas y elefantes, y en su colegio —hasta hace poco— era uno más entre sus compañeros. Aunque tiene síndrome de Down, Rubén ha estado escolarizado desde infantil en un colegio ordinario, rodeado de niños sin discapacidad. Su desarrollo, como el de cualquier otro niño, ha tenido altibajos, pero ha contado con apoyo, cariño y el esfuerzo conjunto de su familia y de algunos docentes comprometidos con la educación inclusiva.
Sin embargo, en septiembre de 2023, su vida cambió drásticamente. El Gobierno de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Educación de Granada, decidió que Rubén no podía seguir en su colegio ordinario. Sin el consentimiento de sus padres, y pese al rechazo expreso de su madre, las autoridades impusieron su traslado forzoso a un centro de educación especial. El argumento: Rubén no se estaba beneficiando del entorno ordinario, y necesitaba un “marco más adecuado”.
Aquel día, Rubén no fue a clase con su mochila azul ni con su estuche de lápices de colores. Fue ingresado en un centro donde no conocía a nadie, donde no estaban sus amigos ni sus profesores, y donde, según denunció su madre, se sintió desorientado, incomprendido y profundamente triste. No entendía por qué no podía volver a su aula de siempre, ni por qué le apartaban del sitio donde, con apoyos, estaba aprendiendo, conviviendo y creciendo como cualquier otro niño.
Este caso, que ha generado una gran polémica y numerosas protestas sociales, evidencia una dura realidad: la inclusión educativa en España, aunque reconocida por la ley, no siempre se cumple en la práctica.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, establece que todos los niños tienen derecho a una educación inclusiva en igualdad de condiciones. Lo mismo recoge la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), que apuesta claramente por integrar a los alumnos con necesidades educativas especiales en entornos ordinarios, con los apoyos necesarios.
Sin embargo, Rubén fue expulsado de ese modelo. Su caso no es aislado. Cada año, miles de familias en España luchan para que sus hijos con discapacidad no sean excluidos del sistema educativo común. Muchas veces, la falta de recursos, la escasa formación del profesorado en diversidad o la resistencia institucional desembocan en una segregación sistemática de estos menores.
La educación inclusiva no es solo un derecho, es una obligación legal y moral. No se trata de adaptar al niño al sistema, sino de adaptar el sistema al niño. De construir escuelas donde todos los niños, independientemente de su condición, aprendan juntos, se conozcan, se respeten y construyan una sociedad más justa desde las aulas.
El caso de Rubén revela cuánto queda por hacer. No basta con leyes bien redactadas si luego se aplican criterios administrativos que perpetúan la exclusión. La educación especial, necesaria en algunos casos, no debe convertirse en un cajón de sastre para apartar a quienes suponen un “reto” para el sistema ordinario. Porque excluir es siempre más fácil que incluir, pero también es más injusto.
Rubén no solo perdió su colegio. Perdió su lugar en el mundo que había construido. Y su madre, su mayor defensora, perdió momentáneamente la confianza en un sistema que prometía igualdad, pero actuó con imposición. La historia de Rubén nos interpela como sociedad: ¿queremos escuelas para todos, o solo para los que encajan en un molde?
La educación inclusiva no es un privilegio. Es un derecho. Y Rubén, como todos los niños, merece ejercerlo en plenitud.
Fuentes:
- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006)
- Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE)
- Plataforma Inclusiva Sí, Especial También
- Noticias en El País, eldiario.es y Canal Sur sobre el caso Rubén (2023)
- CERMI Andalucía – Informes sobre educación inclusiva y denuncias de segregación escolar