El fracaso de la DANA

El 29 de octubre de 2024 será recordado como uno de los días más oscuros de la historia reciente de la Comunidad Valenciana. La DANA —una depresión aislada en niveles altos— descargó lluvias torrenciales que superaron los 700 litros por metro cuadrado en apenas unas horas, anegando barrios enteros y dejando tras de sí más de doscientas muertes, miles de damnificados y un paisaje de devastación. Lo que debía ser un episodio meteorológico grave se transformó en tragedia humana por la cadena de errores políticos, técnicos y administrativos que se desplegaron aquel día.

Desde primeras horas de la mañana, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había emitido avisos de nivel rojo. Sin embargo, el gobierno valenciano reaccionó con lentitud. El Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) no se activó en su nivel máximo hasta que la situación ya era incontrolable, cuando los ríos se habían desbordado y las carreteras estaban bloqueadas. Esa demora, según reconocieron después los propios informes de emergencias, costó vidas.

La coordinación institucional fue caótica. AEMET, la Confederación Hidrográfica del Júcar, las direcciones territoriales y los ayuntamientos actuaron sin una jerarquía clara. Los embalses no fueron gestionados preventivamente, los cauces se desbordaron y las alertas municipales no llegaron a tiempo. Las líneas de emergencia colapsaron con miles de llamadas —más de 15.000 en pocas horas— mientras centenares de personas pedían auxilio sin respuesta.

En medio de ese caos, la figura del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quedó marcada por la ausencia y la descoordinación. Diversas fuentes periodísticas señalaron que Mazón no se encontraba en el Cecopi durante las horas críticas de la DANA, sino en Alicante, desde donde siguió los acontecimientos de forma remota. Su desplazamiento a Valencia se produjo cuando la catástrofe ya había estallado por completo. Esa falta de presencia en el centro de mando —que debía liderar la respuesta y la comunicación institucional— generó un vacío de autoridad en el momento más crítico.

La reacción tardía y desorganizada del Ejecutivo autonómico se tradujo en decisiones inconexas: municipios que no sabían si evacuar o esperar, servicios de rescate sin instrucciones claras, y una ciudadanía que recibió información contradictoria a través de los medios. La ausencia de un liderazgo visible en esas primeras horas fue uno de los fallos más graves de la gestión, tal como reconocieron posteriormente responsables de emergencias y alcaldes afectados.

Pero el problema no empezó ese día. Durante años, se habían recortado presupuestos de mantenimiento de cauces y limpieza de barrancos, se habían aplazado obras hidráulicas estratégicas y no se habían modernizado los sistemas de alerta temprana. En los presupuestos autonómicos de 2024, apenas un 0,3 % del gasto se destinó a infraestructuras de prevención climática, una cifra ridícula frente al riesgo creciente de lluvias extremas. Mazón había anunciado en campaña un plan de resiliencia hídrica, pero al llegar la tormenta ese plan seguía en fase de estudio.

Tras la tragedia, la Generalitat trató de transmitir una imagen de control y empatía. Se prometieron ayudas inmediatas, indemnizaciones y una revisión del sistema de emergencias. Sin embargo, la realidad fue otra: las compensaciones se demoraron, muchas familias siguieron meses sin hogar, y los informes técnicos se archivaron sin consecuencias políticas. Ningún alto cargo dimitió. Ninguna comisión parlamentaria logró depurar responsabilidades. La sensación de impunidad aumentó el dolor de las víctimas.

La responsabilidad política de Carlos Mazón es doble. Por un lado, por la falta de liderazgo y presencia operativa en el momento crítico; por otro, por no haber adoptado medidas preventivas estructurales sabiendo que el riesgo de lluvias torrenciales estaba documentado desde hacía años. Su gobierno —como los anteriores— priorizó la expansión urbanística sobre la planificación hídrica, permitió construcciones en zonas inundables y no reforzó los planes locales de emergencia.

Un año después, muchas de las carencias persisten. No se han instalado sistemas de sirenas en barrios de riesgo, los cauces continúan sin mantenimiento integral y los planes de evacuación no se han actualizado. Tampoco se ha creado un fondo estable de resiliencia climática ni se ha aprobado una ley autonómica de gestión de riesgos hidrológicos. La Generalitat ha anunciado auditorías y nuevos protocolos, pero sin plazos concretos ni rendición de cuentas.

La tragedia del 29 de octubre no fue solo un fenómeno meteorológico: fue el reflejo de un modelo de gestión política que improvisa ante lo inevitable. La DANA desnudó las costuras de un sistema que actúa tarde, comunica mal y olvida pronto. Y si la lección no se aprende —si Mazón y su gobierno no asumen que el cambio climático exige planificación y responsabilidad real—, la próxima tormenta no será solo una amenaza natural, sino un nuevo fracaso humano.

Lo más grave es que muchas de aquellas fallas no se han corregido de manera sistemática. No hay aún un programa estructural fuerte para modernizar la red de alertas, entrenar a ciudadanos y cuerpos de emergencias ante eventos extremos crecientes, ni un diseño urbano resiliente que considere el agua como un elemento activo, no un enemigo silencioso. No se han reformado suficientemente los cauces, no se han recalibrado embalses con criterios de seguridad cambiantes, y no se ha logrado instalar un sistema de simulacros ciudadanos a gran escala. Tampoco se ha impuesto una normativa estricta que prohíba ocupaciones en zonas inundables ni obligue a planes obligatorios en los municipios.

Para que ese desastre no vuelva a repetirse se exigen cambios rotundos:

Prevención real y continua: mantenimiento activo y limpieza de cauces, restauración de riberas, obras de contención y estructuras que retengan caudales extraordinarios.
Sistemas de alerta temprana eficaces: con sensores automáticos, alertas masivas (SMS, sirenas, megafonía urbana) y coordinación ágil entre AEMET, Generalitat y municipios.
Planes de evacuación claros y ejercitados: rutas seguras diseñadas y ensayadas con los vecinos, simulacros periódicos y educación ciudadana.
Infraestructura resiliente en ciudades: drenajes sobredimensionados, pavimentos permeables, zonas verdes de retención, barreras naturales.
Gestión hidráulica proactiva: reservas regulables, manejo riguroso de embalses con predicción meteorológica avanzada, y cooperación entre Confederaciones Hidrográficas.
Mandato institucional claro en emergencias: autoridades visibles, roles definidos, activación inmediata del centro de coordinación con plena capacidad.
Justicia, transparencia y responsabilidad: investigaciones públicas, sanciones si hubo negligencia e implicación de responsables políticos, reparaciones dignas a víctimas.
Financiación estable para resiliencia climática: recursos permanentes especializados, no parches tras el desastre.

Porque aquella tarde del 29 octubre no fue solo la furia del cielo: fue el fracaso de quienes debían proteger. Si no aprendemos y reformamos, la próxima DANA —y vendrán, como advierten los climatólogos— puede golpear aún más fuerte. Valencia y sus pueblos deben levantarse no solo con ladrillo y asfalto, sino con memoria lúcida y voluntad colectiva de no repetir la catástrofe.

Fuentes principales: