Imprimir PDFEn las sociedades democráticas modernas, la política debería ser sinónimo de servicio público, integridad y responsabilidad. Sin embargo, con frecuencia nos encontramos ante una dolorosa contradicción: representantes públicos que anteponen sus intereses personales a los del bien común, generando un profundo desencanto ciudadano. En este contexto, la ética deja de ser una cuestión meramente teórica para convertirse en un principio rector imprescindible para recuperar la confianza en las instituciones. La vida pública, expuesta al escrutinio constante de la ciudadanía y de los medios de comunicación, exige una conducta ejemplar que garantice transparencia, coherencia y justicia.
La ética en política no puede limitarse a evitar delitos. Se trata, sobre todo, de actuar con responsabilidad, incluso en los ámbitos donde la ley no alcanza. Una persona con poder público tiene la capacidad de influir en decisiones que afectan la vida de millones. Por ello, debe regirse por principios de equidad, verdad y servicio. Cuando estas normas se vulneran, el daño no es solo individual: afecta al tejido social y a la percepción general del sistema democrático.
Un ejemplo reciente que ha sacudido el panorama político español es el caso que vincula al exministro José Luis Ábalos con su antiguo asesor, Koldo García. Más allá de las investigaciones por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia —un asunto que ya de por sí plantea graves preguntas éticas—, ha salido a la luz un patrón de relaciones personales que también pone en entredicho la moralidad en la vida pública. En particular, las múltiples relaciones sentimentales simultáneas que Koldo mantenía con mujeres vinculadas a su entorno laboral, algunas de las cuales obtuvieron contratos públicos, abren una inquietante reflexión sobre el uso del poder y la instrumentalización de las personas, especialmente de las mujeres.
Este tipo de comportamientos, aunque puedan parecer del ámbito privado, tienen profundas implicaciones éticas cuando se dan en contextos de poder. Cuando los vínculos afectivos se entrelazan con relaciones jerárquicas o con beneficios económicos, se difumina la línea entre lo profesional y lo personal, y se vulneran principios básicos de igualdad y meritocracia. La política, entonces, se convierte en un terreno fértil para el clientelismo, el favoritismo y el abuso de autoridad.
El caso Ábalos-Koldo no es solo un problema legal, sino también moral. ¿Qué ejemplo se está dando cuando quienes ostentan poder utilizan su posición para obtener beneficios o favores en esferas personales? ¿Cómo podemos aspirar a una sociedad más justa si quienes deben liderarla carecen de la coherencia necesaria entre su discurso público y su comportamiento privado? La ética en la vida pública exige actuar con integridad no solo ante las cámaras, sino también cuando no hay testigos.
Además, la perspectiva de género no puede ignorarse en este tipo de casos. Las mujeres involucradas no solo se ven expuestas públicamente, sino que también pueden haber sido víctimas de dinámicas de poder desiguales. Esto refleja un patrón sistémico donde las mujeres continúan siendo instrumentalizadas en entornos de poder tradicionalmente masculinos. Luchar por una política ética implica también comprometerse con relaciones laborales y personales basadas en el respeto mutuo, la igualdad de condiciones y la erradicación de cualquier forma de abuso.
En definitiva, no puede haber una democracia plena sin una ética sólida en la vida pública. No basta con cumplir la ley; es necesario elevar los estándares morales de quienes representan a la ciudadanía. Solo así se podrá restaurar la confianza perdida y construir una política que no sea sinónimo de escándalo, sino de ejemplo.
Fuentes:
- El País (2024): “Las relaciones personales de Koldo García bajo investigación judicial”.
- El Mundo (2024): “La trama de las mascarillas: vínculos entre Ábalos, Koldo y empresas beneficiadas”.
- RTVE (2024): “La ética en la vida pública, a debate tras el caso Ábalos”.