Imprimir PDFEra la celebración del cordero, y a falta de una mezquita, Aisha caminaba por las calles de Jumilla, una pequeña localidad murciana conocida por sus viñedos y su tradición agrícola. Con su hiyab perfectamente colocado y su hija de la mano, solía dirigirse a las instalaciones deportivas municipales, no para hacer ejercicio, sino para participar en las celebraciones religiosas que, durante años, la comunidad musulmana organizaba allí con permiso del Ayuntamiento. Era un espacio de encuentro, de convivencia. Hasta que dejó de serlo.
Este verano de 2025, la orporación municipal —gobernada por una coalición entre el Partido Popular y VOX— ha aprobado una moción que prohibe expresamente el uso de instalaciones deportivas municipales para “actos religiosos de cualquier índole”, aunque el único caso al que se referían era al de la comunidad musulmana. En la práctica, esto supone la expulsión de las celebraciones de fin del Ramadán o del rezo del Eid al-Adha, que reunían a decenas de familias en un entorno de paz.
Este tipo de medidas no son aisladas. En la Región de Murcia, y en particular bajo la influencia ideológica de VOX, se ha registrado en los últimos años un auge preocupante de discursos y políticas abiertamente islamófobas. En declaraciones recogidas por medios regionales, representantes de VOX han vinculado la presencia de musulmanes con una supuesta amenaza a los valores occidentales y al orden público, obviando por completo la realidad integradora de la mayoría de las comunidades islámicas en la región.
La estrategia política es clara: agitar el miedo al “otro” para cosechar votos. La islamofobia no es un fenómeno nuevo en Europa, pero en España comienza a institucionalizarse peligrosamente, especialmente en regiones como Murcia, donde los discursos de exclusión encuentran eco en sectores sociales castigados por la precariedad y el abandono institucional. En lugar de ofrecer soluciones estructurales, algunos partidos canalizan el malestar hacia el chivo expiatorio más fácil: el inmigrante, el musulmán, el diferente.
La decisión del Ayuntamiento de Jumilla no solo es discriminatoria; también es ilegal. La Constitución Española, en su artículo 14, establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Además, el artículo 16 garantiza la libertad religiosa y de culto, asegurando que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, pero también que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Ideas que están desarrolladas en una ley orgánica.
Prohibir el uso de instalaciones municipales solo a una comunidad religiosa, mientras otras formas de celebración no religiosas o incluso religiosas cristianas continúan en espacios públicos, rompe de forma flagrante ese principio de igualdad. Además, atenta contra el modelo de convivencia intercultural que ha permitido que muchas localidades en España —incluyendo Jumilla durante años— convivan en paz.
Más allá del caso concreto, lo preocupante es la normalización del discurso islamófobo en las instituciones. Cuando se legitima el prejuicio desde los órganos de gobierno, se abre la puerta a la violencia social. No es solo una cuestión de derechos jurídicos, sino de seguridad colectiva. La estigmatización de la comunidad musulmana puede desembocar en acoso escolar, discriminación laboral, agresiones físicas e incluso en radicalización, tanto de los sectores discriminados como de los que sienten impunidad para propagar odio.
La historia europea del siglo XX ya ha demostrado a dónde conducen estas políticas: primero se margina, luego se segrega y finalmente se justifica la represión. Hoy, Jumilla es un símbolo de una fractura en proceso. Pero aún estamos a tiempo de revertirla.
La ciudadanía, las instituciones democráticas y los medios de comunicación deben asumir su responsabilidad. No se trata de defender privilegios, sino de garantizar los derechos básicos que la Constitución protege. La diversidad religiosa y cultural no es una amenaza, sino una riqueza que, bien gestionada, fortalece el tejido social. España no puede permitirse volver la vista atrás y permitir que el miedo sustituya al respeto mutuo.
Mientras tanto, Aisha y su comunidad buscan alternativas para sus celebraciones. Lo hacen con dignidad, pero también con una pregunta que resuena con fuerza: ¿cuándo dejó de ser bienvenida su fe en la tierra donde nacieron sus hijos?
Fuentes:
- Constitución Española de 1978, artículos 14 y 16.
- Declaraciones públicas de VOX Región de Murcia (diversos medios locales, 2023–2025).
- Noticias sobre la decisión del Ayuntamiento de Jumilla (La Verdad, 2025).
- Informes de Amnistía Internacional sobre islamofobia en España (2023–2024).
- Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, informes anuales.
- Flores, Michelle. “¿Qué es la Islamofobia?.” CEMERI, 5 sep. 2022, https://cemeri.org/enciclopedia/e-que-es-la-islamofobia-du.
- Imagen Cemeri.org