¿Que hacemos con Bildu?

Decía Harry Truman, que la libertad es el derecho a elegir a los que pueden limitárnosla. El derecho a definir las estructuras de poder, y poner rostro a quienes deberán establecer nuestros límites es por tanto trascendente. Los partidos hace tiempo, algunos al menos, que han perdido esa capacidad de recoger las ansias populares y ser vehículo de sus ideales, para convertirse en estructuras, más o menos rígidas de poder, que pretenden averiguar las debilidades culturales de los electores, o aquellas propuestas con más marketing, que les permitiera perpetuarse en el dominio de nuestras limitaciones.

Pero no siempre es así. Y tampoco debemos resignarnos a que así sea. Por ello, la capacidad de los electores de presentar al resto de sus conciudadanos sus propuestas, “sus limitadores”, y la necesidad de que el electorado pueda encontrar fiel reflejo a sus ansias políticas en la panoplia de ofertas que aparecen en cada uno de los comicios, resulta indispensable para mantener viva la democracia.

Es cierto, sin embargo, que si la conciencia individual es débil, olvidadiza y manipulable, la colectiva, sujeta a la variable del gregarismo y la emotividad grupal, lo es aún más. Por eso, en ocasiones, las propuestas que se nos presentan poco tienen de ciudadanas, de loables, de dignas o de morales. A veces son destructivas, en ocasiones usan nuestros instintos para luego, alcanzado el poder, destruirnos. En algunos casos, atentan, sin que seamos capaces de reaccionar contra aquellos ideales que nos permiten, inconscientemente, desarrollar nuestras vidas. Y ejemplos de esto hay muchos, que no serán solo Hitler, ni Napoleón III, los que llegaron al poder en olor de multitudes, para luego segar estas sin piedad ni remordimientos.

Para tal contingencia, las sociedades modernas hemos creado una segunda estructura de poder, dada para evitar que las limitaciones que el poder elegido impongan no vayan en el sentido de Truman, sino en otro peor, que toque no ya a la organización nacional, sino a la dignidad humana. Son los jueces, expertos y sesudos ciudadanos, de recta moral, de formación larga y procelosa, y de independencia y aislamiento partidario intachable. O así debería ser.

Un ejemplo de todo esto se vivió ayer cuando Arnaldo Otegui entono su particular “mea culpa” diciendo que el dolor causado por ETA (o sea, él, entre otros) fue innecesario, justo ahora que las competencias penitenciarias pasan al Gobierno Vasco y si te haces el bueno y apenado, igual te dan el tercer grado. Justo cuatro días (como quien dice) después del último homenaje a un etarra. Justo ahora que hay que negociar los presupuestos y conviene ir de bueno. Justo ahora que la lucha por el voto entre EH Bildu y PNV está calentita, lo que enerva a sus otros socios vascos y no digamos a Abascal y compañía que pide, abiertamente, la ilegalización de Bildu.

Pero el tema es más profundo. ¿Una vez alcanzadas las instituciones grupos de pasado dudoso, pueden acceder al poder mediante la colaboración de otras fuerzas? En Navarra se planteó hace meses con Bildu, y la respuesta fue si, facilitando el gobierno de la socialista Maria Chivite con apoyo de Bildu.

El debate, no debería estar, solo, en la legalización o no de un partido, sino en la elección entre mutilar la oferta electoral, o depurar el acceso a las instituciones. Entre limitar la libertad de elección y elegibilidad y evitar que nos gobiernen cuatro indeseables.

El tema es complejo, máxime en un periodo electoral permanente como el nuestro, como hace tiempo nos indicaba Patxi López. En primer lugar por la misma naturaleza de nuestros mecanismos de defensa. No voy a descubrir ningún secreto si expongo que España no es un país con un poder judicial independiente. A nivel local quizá bastante, y no siempre, pero a nivel nacional, es dudoso.

Siempre me ha llamado la atención esa típica estampa española de las ciudades pequeñas, en las que a las dos de la tarde, cuando los juzgados empiezan a bajar la persiana, los bares y cafés cercanos a los tribunales se llenan de abogados, directores de banco, notarios y jueces, que en amigable compañía despiden la mañana, charlan y compadrean, en una ceremonia de parcialidad sonrojante. Y nadie defiende que no puedan ser amigos, y mantener una cordialidad ciudadana, pero nadie puede negar que algún desahucio, alguna letra y alguna separación de bienes se haya discutido entre pintxo y pintxo. Peor aún es la situación de alto nivel. A diferencia de otros países, nuestros jueces, no solo tienen ideas políticas, inquietudes ideológicas y favoritismo partidistas, sino que se agrupan para defenderlas, en organizaciones profesionales ideologizadas, mantenidas por un legislativo que pacta el reparto de cuotas entre sus afines. Un reparto que no atiende a plazos ni leyes, con lo que resulta habitual que los jueces no estén en sus cargos el tiempo prescrito, sino mucho más, en situaciones de interinidad eternas, y dañinas. Eso sin hablar de los ministros que se hacen fiscales y los magistrados que se convierten en ministros.

Un ejemplo fue el magistrado Giménez Bayon, ponente de la sala 61 encargada de determinar los recursos de Bildu y otras tres plataformas de electores, y cuya situación de interinidad estuvo a punto de anular esta parte del proceso.

Por si poco tuvieran encima nuestros jueces, la exigible imparcialidad de los custodios de la ley y la pureza democrática, rara vez no se ve afectada por oleadas de opinión que, indefectiblemente, influyen en su ánimo. Eso cuando no ocurre que un partido político o algún líder relevante, no lanza toda la artillería, más que para informar, para influir en los sentimientos de la gente, creando un estado de opinión y de refriega, que no de debate sensato, que hace muy difícil dictar una sentencia.

Pero, aunque nos hemos empeñado, entre todos, en hacer de este caso un problema irresoluble, la decisión hay que tomarla. Y para hacerlo no se deben mezclar problemas.

Todos sabemos que ETA fue una banda de carniceros asesinos, que nunca tuvo sentido. El problema de ETA fue un problema policial, no político, que se debe afrontar de la misma manera que la erradicación de cualquier otra banda de delincuentes, con la variante de su capacidad organizativa y sus apoyos. Y es aquí donde llegan los distingos. A diferencia de otros grupos terroristas internacionales, o incluso nacionales, la situación de enquistamiento de la acción etarra ha estado vinculada al apoyo, la simpatía o la neutralidad de una parte de la sociedad vasca que, como dijo hace tiempo en eolapaz Maite Pagaza, ha sufrido una especie de síndrome de Estocolmo con los violentos. El resultado no han sido cincuenta años con trescientos pistoleros matando, que es ya de por si un drama, si no cincuenta años de convivencia, por llamarlo de alguna manera, violenta entre víctimas y simpatizantes de los verdugos.

Poco haremos si no logramos separar a esa parte de Euskadi, ciega al dolor ajeno, e insensible a toda norma moral, de lo que fue ese ejército de asesinos.  Y ese paso, incalculablemente difícil, se ha comenzado a dar, desde hace meses, con grupos políticos antes próximos a ETA, que han empezado a marcar distancias. Grupos que apuestan por integrarse en el juego político, respetar las reglas democráticas, respetar al resto de conciudadanos y resarcir y pedir perdón a las víctimas. Muchos de ellos no han abandonado sus ideales. Muchos tienen un pasado manchado en grupos políticos que no condenaron la violencia. Muchos no son de fiar, y el camino a la paz será por tanto largo y tortuoso. Pero es un paso. Si cerramos el camino político a grupos de ciudadanos que apuestan ahora, aunque sea a regañadientes, por la paz, lo único que conseguiremos es volver a un pasado demasiado doloroso.

Es distinto ver este problema desde otras regiones. Pero quienes hemos vivido en Euskadi en los ochenta y los noventa, sabemos lo que es oler la muerte y el odio en cada esquina, y no queremos volver a ese paisaje.

Tenemos en Euskadi un sistema educativo que lucha por abrirse paso entre la cultura del odio y la segregación. Tenemos un país que lucha por erradicar la imagen de los violentos de los espacios públicos, por desarrollar la vida ciudadana y por reconstruir la convivencia. En ese proyecto los asesinos no caben, ya lo sabemos. Pero no podemos hacer lo mismo con un quinto de la población, próxima a sus ideas, aunque no a sus métodos. Hasta ahora, solo estamos consiguiendo resucitar un cadáver político (HB) y alentar el victimismo de colectivos intransigentes. Podemos, debemos, apartar de la vida pública a indeseables manchados de sangre, que amenazan con polucionar nuestra convivencia y chupar la sangre de nuestras instituciones. Pero marginar a todo un colectivo de electores, limitando su derecho a elegir y a ser elegidos, ilegalizar toda una organización de ciudadanos, ¿es licito, es conveniente, es democrático? Sería tanto como prohibir al PP y al PSOE por incluir en sus listas a ladrones y prevaricadores, algo injusto, aunque un 83% de la sociedad se ha manifestado contrario a su presencia en las listas.

Como el problema catalán nos revela, debemos elegir entre unir y separar, y solo con el futuro en mente, que la ley debe estar al servicio del interés ciudadano y no estar tan sacralizada, y el pasado y sus culpables solo deben tener cabida en el olvido.

Otro día hablaremos de otras fuerzas elegidas democráticamente, y que solo saben decir barbaridades.

Imágenes Vozpopuli y El País.es