La UE abandona al campo español

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En los páramos secos, caminos olvidados y montes tapizados de matorral reseco, resuena la voz agria del campesino español que observa impotente cómo su tierra arde sin remedio. No es sólo el fuego lo que arrasa, sino también el desarraigo, la frustración, la sensación de abandono. Agricultores y ganaderos, herederos de saberes que hunden raíces en el pasado, acusan a la Comisión Europea de haber instaurado—bajo el pretexto de una ecología rígida—políticas que impiden la limpieza de los bosques y terrenos rurales, alimentando un cóctel explosivo de maleza y riesgo de incendios.

Luis Cortés Isidro, coordinador estatal de la Unión de Uniones, asegura con rabia contenida que “se está haciendo justo lo contrario de lo que se tiene que hacer… se nos obliga a tener cubierta vegetal espontánea: no podemos arar, los olivares quedan invadidos por pasto seco” y en consecuencia “no sólo no se corta, sino que se propaga” el fuego. La denuncia no es aislada. Otros agricultores lamentan que encinas o alcornoques autóctonos sean sustituidos por pinos que arden con mayor intensidad, o que prácticas tradicionales de limpieza —como retirar leña o arbustos secos— son hoy vistas como un estorbo por la normativa.

ASAJA-Cádiz, por su parte, señala el abandono de los montes y la desidia administrativa como causas principales de los incendios forestales. Consideran que la excesiva burocracia, sumada a restricciones impuestas desde Bruselas, han incrementado el abandono rural y convertido al monte en una trampa ardiente. Reclaman una reforma urgente: más recursos, menos trabas, y el reconocimiento del auténtico valor preventivo de la ganadería extensiva y la gestión tradicional del territorio.

Este descontento encuentra ecos en voces institucionales como la de Francisco Carreño, presidente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España. Denuncia que se prioriza la extinción de incendios cuando lo realmente eficaz sería invertir en prevención —limpieza, agrupaciones forestales, incentivos fiscales y apoyo a la industria —, ya que “prevenir cuesta mucho menos (3 000 €/ha) que apagar (19 000 €/ha)”.

En zonas como el Parque Natural del Lago de Sanabria (Zamora), el fuego ha destruido más que un paisaje. Más de 8 000 personas fueron evacuadas, mientras los vecinos afirmaban sentirse víctimas de la “España vaciada y quemada”, criticando el abandono institucional, la burocracia paralizante y la acumulación de maleza en terrenos urbanizados y rurales.

Este drama medioambiental es inseparable del drama del éxodo rural. En regiones despobladas, la gestión de los montes recae en una población envejecida o inexistente. Las políticas europeas, con exigencias ecológicas uniformes, ignoran la diversidad del territorio. “No puedes hacer las mismas políticas para Bélgica que para Extremadura”, reclama Cortés. Estas normativas, junto a restricciones como las de Red Natura 2000, Reservas de la Biosfera o la Agenda 2030, han expulsado a la gente del campo y dejado atrás paisajes convertidos en combustible ﹐contribuyendo al abandono y a la despoblación, que retroalimentan el riesgo de incendio.

En el centro del desencanto también está la Política Agraria Común (PAC). Asociaciones como UPA, COAG y Unión de Uniones critican el recorte de presupuestos y la imposición de ecoesquemas que, en la práctica, elevan los costes y reducen competitividad. La revuelta agrícola europea —en la que el campo español se unió el 2024 a movilizaciones continentales— es testimonio de ese resentimiento: protestas, tractores en las calles, cortes de carreteras, todo para denunciar una política que favorece la agricultura intensiva, las importaciones y grandes productores, mientras deja atrás a las explotaciones familiares y condena a los pueblos al silencio y al abandono.

COAG denuncia un recorte del 22 % en la PAC en la propuesta del marco financiero pluri-anual 2028 – 2034, sacrificando el desarrollo rural en favor del gasto militar. “Una Europa sin agricultura viva es una Europa sin soberanía alimentaria, sin equilibrio territorial y sin futuro social”, advierten. UPA insiste en que la PAC ya no es una política para el campo, sino para la sociedad en general, y que el descenso de fondos al desarrollo rural hará aún más cuesta arriba frenar la despoblación.

Este éxodo no es sólo demográfico, sino simbólico: con cada generador rural que abandona, se pierde también el guardián del monte, la voz que conoce cómo prevenir incendios y cuidar el terreno. La falta de relevo genera un vacío estructural, y en España más del 60 % de los agricultores tienen más de 55 años, según datos del Ministerio.

Frente a este panorama, el campo reclama soluciones. Medidas adaptadas a cada zona, menos burocracia, apoyo económico y técnico para la gestión rural, compensaciones reales por servicios ecosistémicos y políticas flexibles que permitan compatibilizar biodiversidad con prevención. Quieren limpiar sus montes, pastar sus bosques, vivir de la tierra sin desalojar el futuro.

La historia del campo español es hoy la historia de un territorio inflamable y despoblado, incendiado por la suma de leyes bienintencionadas pero rígidas, abandono institucional y un éxodo que cala profundo en la atmósfera rural. La respuesta debería nacer de la colaboración: entre la UE, los estados, las autonomías y quienes conocen el campo, para convertir el abandono en regeneración, las llamas en oportunidad, y la despoblación en un renacer.


Fuentes consultadas

  • Críticas de Unión de Uniones a normativa europea por impedir limpieza y propagar incendios The Objective.
  • ASAJA-Cádiz sobre abandono rural, burocracia y políticas de PAC contraproducentes Cadena SER.
  • Francisco Carreño sobre coste de prevención vs extinción en el monte El País.
  • Caso concreto del Lago de Sanabria, “España vaciada y quemada” El País.
  • Revuelta agrícola europea y protestas en España contra políticas restrictivas Wikipedia+1.
  • COAG denuncia recorte del 22 % en presupuesto PAC y consecuencias sociales Europa Press.
  • UPA sobre impacto de recortes de PAC en cohesión rural y despoblación upa.es.
  • Datos sobre edad de agricultores y recortes de ayudas

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