La Transición Democrática española

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La transición es el nombre que recibe el periodo en que, tras la muerte de Franco, España desmonto las instituciones y las leyes de la dictadura e instauro las instituciones, las leyes y los valores de un sistema democrático. Y ello en paz, y con un dialogo entre las fuerzas políticas y un consenso, que han sido ejemplo para toda la comunidad internacional.

El periodo, aunque algunos lo sitúan entre 1975 (año de la muerte de Franco) y 1978 (constitución democrática), se prolongó hasta 1982, año en que concluye la reforma política y la reconstrucción de las estructuras sociales y económicas del país. El año en que los gobiernos ucedistas dieron paso al primer gobierno socialista de esta nueva época, sin que surgieran problemas con la derecha social, que lo acepto. El hecho de que, tras 40 años de posguerra, los perdedores de la guerra civil asumieran en paz el gobierno, se considera el fin de la transición.

Los factores del triunfo de la transición

Varias causas explican el triunfo pacifico de este cambio.

Primeramente, hemos de ver la historia como un elemento explicativo. En 1975 la sociedad española había aprendido la lección de los errores republicanos y de los padecimientos de la dictadura.

En segundo, la sociedad española tenía lo que no había tenido en 1936 una amplia clase media, propietaria y formada, fruto de los cambios industriales de los años 60 que habían facilitado el desarrollismo.

En tercer lugar, el clima internacional carecía de la agresividad y el culto totalitario de los años de entre guerras.

En cuarto, sectores que no estuvieron a la altura en 1936, demostraron en 1975 una gran altura y capacidad de dialogo y transformación. Nos referimos a la monarquía, la iglesia, la banca o la falta de intervención del ejército.

Las fuerzas políticas

A la muerte de Franco, la suerte del país estaba en manos de tres grandes grupos políticos. De un lado estaba el llamado Bunker, formado por los grupos políticos y personajes (Movimiento, falange…) partidarios de la continuidad, manteniendo el franquismo sin Franco. Un segundo grupo era el que defendía la ruptura democrática, línea defendida por la izquierda (PSOE y PCE). El último grupo, que conseguiría imponer sus tesis, eran los reformistas, que, dirigidos por el rey y altas personalidades del régimen, pretendían un tránsito progresivo y controlado hacia la democracia. Su triunfo permitió que la transición se hiciera desde dentro del propio régimen. Los protagonistas de esta vía serian D. Juan Carlos y sus grandes colaboradores, Adolfo Suárez y Fernández Miranda, entonces presidente de las cortes. Siguiendo el modelo regeneracionista de principios de siglo, se buscó una reforma desde arriba, que contó con la colaboración de la izquierda moderada y los nacionalistas moderados, y sobre todo de los funcionarios y mandos jóvenes, que provenientes del régimen franquista buscaban una reforma sin perder el poder.

Pese a las virtudes del consenso y el hecho de conseguir la reconciliación histórica entre las dos España, la transición española ha sido también criticada por significar el triunfo del sector más blando del franquismo, con lo que nunca se produjo la reclamación de responsabilidades a los dirigentes del régimen, a sus crímenes y a la culpabilidad en el aislamiento y atraso de España. Admitir esa situación por la izquierda se explica por el miedo de la oposición democrática a otro golpe de estado y otra guerra civil. Por tanto, la mayoría de los dirigentes del régimen continuó gobernando a través de partidos como UCD o AP (PP).

La ley para la reforma política

A la muerte de Franco, España se enfrentaba a una grave situación, con un paro creciente, el terrorismo de ETA desatado y los marroquíes asaltando la colonia española del Sahara (marcha verde). En esas circunstancias se optó por la transformación del sistema dictatorial controlada por el gobierno. El primer gran paso fue la ley para la reforma política; el primer gran logro de la transición.

El 20 de noviembre muere Franco, el 22 del mismo mes jura D. Juan Carlos su cargo en las cortes y en su discurso ya se vislumbran sus deseos de apertura política. Como presidente del gobierno continúa Arias Navarro (un miembro del Bunker) que, aunque intenta maquillar su actuación con algunas tímidas reformas, en el fondo su gobierno es continuista con respecto a la dictadura. En el año 1976 va a tomar Juan Carlos tres decisiones de suma importancia. En primer lugar nombra como presidente de las Cortes y del Consejo del reino a su antiguo profesor de derecho Torcuato Fernández Miranda, posteriormente fuerza la dimisión de Arias Navarro y luego elige a Suárez como presidente del gobierno entre una terna presentada por el Consejo del Reino.

Tras estos cambios, el rey lleva a la clase política franquista a quitarse de en medio a través de una ley (así evita la ruptura y ser acusado su gobierno de pervertir la legalidad) aprobada en noviembre de 1976 por las Cortes franquistas, la Ley para la Reforma Política, en la que abren el marco legal para la instauración de la Democracia. Como decía el propio Torcuato Fernández Miranda se trataba de ir “de la ley a la ley”, modificando la legalidad desde el interior del propio régimen. Es decir, se trataba de que como el régimen franquista no permitía el tránsito a un régimen constitucional, cambiar primero eso, para que el régimen luego iniciase ese proceso constitucional que conduciría a la democracia.

Por dicha ley se establecían los derechos fundamentales de la persona, la convocatoria de elecciones, el Congreso y el Senado para elaborar una Constitución y un referéndum para que aprobase dicha ley. Era una ley de reforma que liquidaba lo que decía reformar.

Con la aprobación de esta ley por las cortes, el gobierno rompía la estrategia de la oposición de conseguir la convocatoria de elecciones generales. Después quedaba aprobar la ley mediante referéndum. Los resultados del referéndum fueron muy positivos, pues el pueblo respaldo mayoritariamente al gobierno, salvo en el País Vasco donde la abstención fue muy alta. Tras la aprobación de la ley fueron desapareciendo las instituciones franquistas (Secretaría General del Movimiento, las cortes, los sindicatos verticales y el tribunal de orden público). Suárez culminaba la primera fase de una transición legal de la Dictadura a la Democracia, con la marginación del bunker, el desplazamiento de la legitimidad desde el movimiento a la Corona y al gobierno, la abolición de las leyes e instituciones franquistas y el paso de la oposición de la presión en la calle a la mesa de negociación.

Cuando las cortes franquistas votaron afirmativamente sobre la Ley para la Reforma Política, no sólo estaban votando en contra de su propia permanencia como institución, también lo estaban haciendo en contra del régimen que representaban. Recordemos que la composición de estas cortes era de origen corporativo y solo una pequeña parte era de carácter electivo a través de las asociaciones de cabezas de familia. Las causas por las que las propias cortes aceptaron su muerte política y la del franquismo son complejas. Por una parte, hay que entenderlas dentro de la docilidad de esta institución, que tradicionalmente había aceptado las decisiones del ejecutivo, y había asumido con Franco un papel técnico y consultivo, no legislativo. Pero también hay que tener en cuenta la habilidad de Torcuato Fernández Miranda y Suárez para convencer y engañar, y el hecho de que los más reformistas del régimen, pactaron la ley y decidieron integrase en una España democrática a través de un nuevo partido, Alianza Popular.

 Los obstáculos a la reforma

La reforma sin embargo chocó con la oposición frontal de tres grupos, que provocaron una situación de caos que condujera a la intervención del ejército y pusiera fin al proceso.

El primero eran los grupos de extrema derecha, que, condenados a quedarse fuera del sistema, cayeron en provocaciones continuas, creando un clima exagerado de violencia. Agrupados en un partido llamado Fuerza Nueva, y en un grupo paramilitar llamado Guerrilleros de Cristo Rey, cometieron una serie de atentados terroristas, altercados callejeros y enfrentamientos con otras fuerzas políticas como los sucesos de Montejurra, en los que fue asesinado un dirigente carlista, o la Matanza de Atocha, donde fueron asesinados cinco abogados laboralistas vinculados a CCOO y al PCE.

Tras ellos, la otra gran amenaza provino del GRAPO, un grupo radical comunista maoísta, que se entregó con saña a los secuestros y al asesinato indiscriminado de policías. LO justificaban al culpabilizar a las fuerzas de seguridad por la represión en zonas de profunda crisis industrial como Cádiz, Vigo y Bilbao. Defendían, como en la España de los años 20 el atentado indiscriminado como paso previo para que triunfase la revolución.

El tercer enemigo de la democracia fue, como siempre ETA. El principal grupo terrorista de nuestra historia, aumento su actividad, siendo más activo que durante la dictadura, porque le venía mejor esta, cuya represión justificaba mejor su lucha, sin sentido en un país democrático. Curiosamente no solo aumentaron los atentados, sino el apoyo social que tenía en el País Vasco, hasta el punto de que los grupos nacionalistas se negaban a aplicarles el término terrorismo, calificándoles de patriotas.

Un elemento agravante de la situación era, además, la gravísima crisis económica que vivía el país, desde 1973, por la crisis del petróleo y la persistencia de estructuras productivas y tecnológicas muy viejas. Una oleada de huelgas sacudió el territorio nacional, aunque su causa principal eran las reivindicaciones laborales, como en 1917, las huelgas tenían una clara intencionalidad política, instrumentándose por la izquierda contra el gobierno reformista.

Tras todos ellos el ejército permanecía expectante y neutral, pero se oponía a la profundización democrática, sobre todo, a la legalización del PCE. El ejército constituyó, hasta que en 1982 el coronel Tejero intento su golpe de estado, una amenaza permanente, en base a un posible golpe de estado, que a punto estuvo de producirse en 1979, en la llamada operación galaxia.

Otro grave problema residía en las reivindicaciones nacionalistas, como siempre asociadas a las peticiones de libertad. El problema nacionalista se planteaba en dos aspectos. Por un lado catalanes, vascos y gallegos buscaban ser reconocidos como pueblos diferenciados, por otro, sus demandas crearon en el resto de las regiones una demanda generalizada de autonomía para ellas también.


Firma de los Pactos de la Moncloa, en 1977. De izquierda a derecha: Enrique Tierno (PSP), Santiago Carrillo (PCE), Josep María Triginer (PSC), Joan Raventos (PSC), Felipe Gonzalez (PSOE), Juan Ajuriaguerra (PNV), Adolfo Suarez (UCD), Manuel Fraga (AP), Leopoldo Calvo Sotelo (UCD), Miquel Roca (CiU).

Suarez lidera la reforma

Pero este conjunto de dificultades solo sirvieron para fortalecer el deseo de libertad del pueblo español, que dio muestras de una gran madurez, y la capacidad de liderazgo del rey, y especialmente del primer ministro, Adolfo Suárez, que controlaría la situación a través de tres grandes operaciones: la legalización del partido comunista, la convocatoria a elecciones generales y los pactos de la Moncloa; en seis meses la transición daba un paso de gigante. Estos tres pasos dieron lugar la creación de la Constitución de 1978; el elemento clave de la transición española y la democracia actual.

La actitud del partido comunista de responsabilidad y serenidad ante la provocación de los guerrilleros de Cristo Rey le hizo ganar muchos enteros ante la sociedad española (en un principio se pensaba legalizar al PCE después de las elecciones), además Suárez necesitaba legalizarlo para que se pudieran dar unas elecciones completamente libres y democráticas, sin exclusiones. Tras unas largas y sinceras negociaciones, en las que Suárez reclamo al líder comunista Santiago Carrillo, que abandonara su apoyo a la violencia y sus reclamaciones republicanas, Suárez legalizo al Partido Comunista durante la semana santa de 1976, pese a la oposición del líder derechista Manuel Fraga y la oposición militar. El ejercito acato la decisión por disciplina, pero expresó su descontento y el ministro de Marina dimitió, sin que fuera posible sustituirle por ningún otro almirante de marina en activo.

El PCE, dado su protagonismo en la guerra civil – donde hizo de intermediario con la URSS-, la presunta responsabilidad de algunos de sus dirigentes en las matanzas de Paracuellos y Torrejón de Ardoz en 1936 y, sobre todo, el hecho de ser el enemigo público número uno de Franco (cuya ideología era claramente anti comunista), era considerado en la transición como una auténtica bestia negra por las fuerzas más inmovilistas del régimen, muchas de las cuales estaban integradas en los altos puestos del ejército. La posibilidad de un golpe de estado se vio muy cercana, pero no se materializó por ahora. El PCE, por su parte, que ya había reaccionado de forma madura y moderada a los asesinatos de Atocha, siguió reaccionando de la misma forma. Rápidamente, pese a su carácter republicano, renunció a la República como forma de Estado y apoyo la monarquía de Juan Carlos I, aceptando al mismo tiempo la bandera bicolor. Pero la batalla electoral por seguir siendo el partido hegemónico de la izquierda, como en el franquismo, la perdió frente al PSOE que le arrebató el puesto.

La eliminación del sistema dictatorial dio lugar a la aparición de un gran ramillete de partidos políticos, pero las elecciones evitarían el riesgo de atomización como en la segunda república, si se planteaba un sistema electoral adecuado, que no marginase a las minorías, pero que tampoco facilitase una gran fragmentación. Celebradas las primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 1977, ningún partido consiguió la mayoría absoluta, aunque UCD (el partido creado por Suárez, aliando a varios pequeños partidos reformistas y a personalidades jóvenes y moderadas del franquismo) ganó las elecciones junto al PSOE, que quedó en segundo lugar, ganado la batalla de la izquierda, al presentar sus dos líderes (los jóvenes Felipe González y Alfonso Guerra), una imagen más joven y moderna que los viejos dinosaurios comunistas, políticos que olían a naftalina, y ofrecían a las nuevas generaciones, nacidas después de la guerra, solo un recuerdo de esta. Atrás quedaron los extremos AP y PCE. También destacaron los resultados de los nacionalistas catalanes y vascos. Quedaba configurado un primer sistema de partidos totalmente diferente al de la segunda república, con dos grandes diferencias. Habían triunfado los partidos más cercanos al centro de la derecha y la izquierda y el gobierno, al contrario que en 31, no tenía mayoría parlamentaria. La condición de minoría mayoritaria de UCD le obligaba a Suárez a buscar el consenso para las grandes cuestiones y para los pequeños asuntos pactar con uno u otro partido.

Muye en tercer plano quedaban los partidos centristas que no se habían querido unir a UCD, los democristianos de Gil Robles, ni los de Ruiz Jiménez, decisión que les costaría el ostracismo político. En la izquierda, junto al PSOE y PCE, aparecía el partido socialista popular de Tierno Galván, que tras sus modestos resultados se integraría en el PSOE.

Como había sucedido en la Segunda República también ahora surgieron, en las regiones periféricas de cultura y lengua propias, partidos políticos nacionalistas. En Cataluña el catalanismo centrista estuvo representado por Jordi Pujol (CiU) y más a la izquierda Esquerra Republicana. En el País Vasco el PNV y Euskadiko Ezkerra eran las opciones de centro y de izquierda.

Terminadas las elecciones se impuso una idea llamada a tener un gran predicamento; borrar el pasado para posibilitar la reconciliación. Esta idea del olvido del pasado y la reconciliación nacional no era nueva la expresó Azaña en la guerra civil, en 1949 monárquicos y socialistas, en 1956 los nuevos grupos de oposición, en 1962 los participantes en el Congreso de Munich y en el nuevo movimiento obrero. La radical novedad de la transición fue que la voluntad de olvido se ampliará a los herederos directos del franquismo. La transición no era nueva en su exigencia fundamental: fin del discurso de la guerra, reconciliación, amnistía y renuncia a la revancha, eso tenía cerca de cuarenta años, lo nuevo eran sus agentes políticos y la amplitud de la amnistía. La amnistía, pedida por la izquierda y los nacionalistas terminó afectando a todo el franquismo. Fue la memoria histórica, el no querer repetir los errores del pasado, la que actuó como refuerzo de un consenso que formaba parte de la oposición a la dictadura. Los políticos, desde los azules a los rojos de antes, disfrutaron llegando a acuerdos e incluso llevando las buenas relaciones hasta el terreno personal. Esta práctica de la política como consenso entre elites procedentes del régimen y de la oposición construida sobre el mito de la reconciliación nacional es lo que constituye la radical novedad de la transición y lo que la diferencia de cualquier otro acontecimiento anterior: de la gloriosa del 68 o de abril del 31.

Suárez formó gobierno y se propuso afrontar dos grandes retos; la lucha contra la crisis económica y la realización de una Constitución. Para lo primero se realizan los pactos de la Moncloa en el que el gobierno, la oposición, los sindicatos y los empresarios establecen las líneas básicas para reformar y sanear la economía española. A través del consenso se llega al acuerdo de la moderación salarial a cambio de realizar una profunda reforma fiscal y prestarle una atención especial al paro. El segundo tema se resuelve con el referéndum del 6 de diciembre de 1978 sobre la Constitución española. Una Constitución que, aunque está basada en la de 1931, tiene un carácter más abierto y flexible y sobre todo al estar realizada en base al consenso de las fuerzas políticas, no expresa los intereses y la ideología de un sector concreto, sino de una gran mayoría de españoles.

Tras estos cambios la conflictividad y la situación económica empezó a mejorar, el riesgo de golpe desapareció tras el golpe de estado de Tejero y la llegada del PSOE al poder en 1982, el terrorismo de extrema derecha e izquierda fue desapareciendo paulatinamente desde 1980.

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