La Ley Trans, oficialmente Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, es una ley española aprobada el 16 de febrero de 2023. La ley permite la autodeterminación de género a partir de los 14 años, y prohíbe las terapias de conversión en todo el territorio nacional. La ley también especifica, además, en su artículo 46, la imposibilidad de eludir el régimen jurídico previo al cambio de sexo registral. hide_imageNo se puede encontrar la imagen. Lo sentimos, Bard está en fase experimental.
La ley trans es una ley pionera en España, ya que es la primera que reconoce el derecho a la autodeterminación de género sin requisitos médicos ni psicológicos. La ley también prohíbe las terapias de conversión, que son prácticas que buscan cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas.
La ley trans ha sido recibida con un amplio apoyo por parte de las organizaciones LGTBI y de los colectivos trans. Sin embargo, también ha recibido críticas por parte de algunos sectores conservadores, que consideran que la ley va en contra de la familia y los valores tradicionales.
Los principales cambios que introduce la ley trans son los siguientes:
- Autodeterminación de género: Las personas trans podrán solicitar el cambio de su sexo registral sin necesidad de presentar un informe médico o psicológico. El único requisito será que la persona tenga más de 14 años y que declare su identidad de género.
- Prohibición de las terapias de conversión: Queda prohibida la realización de cualquier práctica que busque cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Estas prácticas se consideran una forma de violencia y discriminación.
- Protección de los derechos de las personas trans: La ley trans establece una serie de medidas para proteger los derechos de las personas trans, como la prohibición de la discriminación laboral y la garantía del acceso a la atención sanitaria.
La ley trans es un paso importante para garantizar la igualdad de derechos de las personas trans en España. La ley reconoce el derecho a la autodeterminación de género y prohíbe las terapias de conversión, dos de las principales reivindicaciones del movimiento trans.
La ley trans ha sido criticada por parte de algunos sectores conservadores, que consideran que la ley va en contra de la familia y los valores tradicionales.
Los principales argumentos en contra de la ley trans son los siguientes:
- Que la ley pone en riesgo a las mujeres y a los niños: Los críticos de la ley argumentan que la autodeterminación de género sin requisitos médicos ni psicológicos puede ser utilizada por hombres para acceder a espacios y servicios reservados para mujeres, como los baños públicos o los vestuarios deportivos. También argumentan que la ley podría poner en riesgo a los niños, ya que podrían ser influenciados a cambiar de género sin estar preparados para ello.
- Que la ley es una imposición ideológica: Los críticos de la ley argumentan que la ley es una imposición ideológica de los grupos feministas y LGTBI, que pretenden imponer su visión de la sociedad a toda la población.
- Que la ley es innecesaria: Los críticos de la ley argumentan que la ley no es necesaria, ya que ya existen leyes que protegen a las personas trans, como la Ley de Igualdad de 2007.
Sin embargo, estos argumentos han sido refutados por las organizaciones LGTBI y los colectivos trans, que consideran que la ley es una medida necesaria para garantizar la igualdad de derechos de las personas trans.
Las organizaciones LGTBI y los colectivos trans argumentan que la ley no pone en riesgo a las mujeres ni a los niños, ya que las personas trans no son una amenaza para ellos. También argumentan que la ley no es una imposición ideológica, sino una medida que reconoce los derechos de las personas trans. Y finalmente, argumentan que la ley es necesaria, ya que las leyes existentes no son suficientes para proteger a las personas trans.
La ley trans ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados y por el Senado, y ha sido firmada por el Rey Felipe VI. La ley entraó en vigor el 28 de febrero de 2023.