La constitución de 1978

0

La Constitución de 1978 es una ley pactada y no partidista. Establece como forma del Estado la Monarquía Parlamentaria bicameral, basada en el pluralismo político, la descentralización del Estado y una economía social de mercado. La Constitución de 1978 es la novena del constitucionalismo español, pero presenta unas características totalmente distintas a las otras, por motivo de las circunstancias históricas. España estaba pasando de una dictadura a una democracia de forma pacífica y ordenada.

Por primera vez en la historia del constitucionalismo español estamos ante una Constitución que no responde a los intereses y a la ideología del partido en el gobierno. Ello explica a su vez dos características: una; por su vigencia está dentro de las tres constituciones más duraderas (las dos primeras corresponden al dominio conservador), dos; al contrario que el resto ha permitido desarrollarse una consolidación del sistema de partidos, con una rotación de ellos (UCD; PSOE Y PP).

La idea del gobierno de UCD era presentar un proyecto breve y elaborado en muy poco tiempo por expertos en derecho constitucional próximos a sus posiciones, pero ocurrió todo lo contrario, salió un proyecto largo y dilatado en el tiempo debido a la rotunda negativa del PSOE y PCE, que deseaban constitucionalizar el mayor número posible de derechos y libertades. Rápidamente se creó una comisión constitucional que sería la encarga de elaborar el proyecto. A los integrantes de esta comisión se les conoce como los “siete padres de la patria”, los ucedistas Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez Llorca, el socialista Gregorio Peces Barba, el aliancista Manuel Fraga, Miquel Roca por la Minoría Catalana y Jordi Solé Tura por el PCE. Quedaban excluidos los nacionalistas vascos, dada su falta de colaboración en el proceso de la reforma política, lo que los ha llevado a alegar que ésta no es su Constitución.

Los trabajos de la ponencia redactora de la Constitución fueron intensos. Tengamos en cuenta que una constitución es la base de todo régimen. El PSOE defendió la República como forma de gobierno, aunque finalmente asumió la monarquía, y el PCE no puso inconveniente alguno a la monarquía parlamentaria y se dedicó con la ayuda de AP a recortar el poder del rey. Miguel Roca, el representante catalanista fue el que mayoritariamente buscaba puentes entre los otros partidos, pero llegada la cuestión autonómica impuso su propuesta con el consentimiento de UCD y AP.

La ponencia terminó su proyecto en abril del 78. El PSOE aceptó la subvención a la educación privada a cambio de conseguir los Consejos Escolares como máximo órgano de gobierno en la escuela, en lo que respecta al aborto se llegó a una fórmula intermedia que hacía el artículo más difuso. (“todas las personas” por “todos” tienen derecho a la vida). La pena de muerte se abolió como querían socialistas y comunistas, pero contemplándola en caso de guerra como quería UCD y AP. No hubo problemas con la religión, ni con los aspectos socioeconómicos; donde si habría grandes discusiones y debates fue en la cuestión autonómica. Alcanzado el acuerdo en las cuestiones fundamentales entre UCD y el PSOE, el acuerdo se amplió a los catalanistas y al PCE. No fue posible, pese a los numerosos intentos, incorporar al PNV insatisfecho con el tratamiento de sus derechos históricos, aunque se reflejaba “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”, pedían el reconocimiento del derecho de autodeterminación para el pueblo vasco.

Finalmente, el proyecto de Constitución fue aprobado por las cámaras en octubre con la abstención del PNV y el voto en contra de 5 diputados de AP y uno de Euskadiko Ezquerra. El referéndum se celebra el 6 de diciembre de 1978. La nueva Constitución obtuvo el voto de 2/3 de los españoles que podían votar, en el País Vasco la abstención fue importante, ya que el PNV la había aconsejado.

El estado se basa en los principios de igualdad, libertad y pluralismo político, definiéndose como democrático y social de derecho (calificativo arrancado por la izquierda pero que no llega a “república de trabajadores” de la Constitución del 31). La forma del estado es la Monarquía parlamentaria con menos poderes que las europeas, pero con más aceptación social. Se recogen una amplia lista de derechos y libertades, al igual que las constituciones del 37, 69 y 31 y además como esta última aparecen derechos de tipo social y la matización al capitalismo que consiste en la posible intervención del estado en economía para corregir las desigualdades, imposiciones estas últimas de socialistas y comunistas. Ante las dos grandes fuerzas que habían planteado problemas en el pasado, iglesia y ejercito, se reconoce la aconfesionalidad del estado, pero se menciona expresamente a la Iglesia Católica, las fuerzas armadas tienen la función de “garantizar la soberanía e independencia de España…” apareciendo en el título primero, en contrapartida constitucionaliza la existencia de partidos, sindicatos y asociaciones patronales, también en el título primero se abre la posibilidad al divorcio y se constitucionaliza el derecho a la huelga.

Las cuatro grandes instituciones del estado van a ser la corona, las cortes generales, el gobierno y el poder judicial. La Monarquía se define como parlamentaria, moderada y arbitral, tiene menos papel que en otras constituciones como la del 12, 37, 45, 76… y que otras monarquías europeas, ahora bien, va a gozar de más apoyo social. El rey es el jefe del estado, símbolo de la unidad de España y su papel es arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones y representar a España en el exterior. Sobre las Cortes generales, se establece un modelo bicameral – lo mismo que las anteriores constituciones salvo la del 12 y 31 – La función de estas cortes va a ser ostentar el poder legislativo y controlar la acción del gobierno. Nos encontramos antes un bicameralismo atenuado ya que la importancia del Senado es menor que la del Congreso, el Senado tendrá un carácter territorial, sin llegar al modelo federal. Paras las elecciones al Congreso y al Senado se establece el modelo de la ley para la Reforma Política, un sistema proporcional atenuado para el primero y un sistema mayoritario para el segundo.

El título VIII trata sobre la organización territorial del estado, uno de los problemas políticos más graves de España en su historia y en la actualidad. Estamos ante el Título de la Constitución más discutido y endeble desde el punto de vista técnico y jurídico. Se intentó incluir la reivindicación de los derechos históricos del nacionalismo vasco, la Generalitat catalana y una fórmula que diera respuesta al sentido regionalista que había surgido en el resto de España. Para satisfacer a vascos y catalanes se empleó el término “nacionalidad” que la derecha consideraba atentatorio contra la unidad nacional. Se estableció un modelo flexible, abierto y ambiguo que por un lado conjugara los deseos de las nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) y por otro permitiera un grado menor y más lento de autonomía al resto de las regiones. Se establecieron dos modelos de acceso a la autonomía el artículo 151 y el 143. Ello fue fuente de conflicto desde entonces.

Se establece que las grandes cuestiones deben ser aprobadas mediante leyes orgánicas, leyes que requieren la mayoría absoluta, es decir, se busca hacer perdurar el consenso en materias importantes. Una de las novedades es el voto de censura constructivo para derribar el poder ejecutivo para evitar el exceso del parlamentarismo como ocurrió en la Constitución de 1931. Otra novedad es el establecimiento de todo un sistema de protección de las libertades creando instituciones como el Defensor del Pueblo, el tribunal constitucional o a través del poder judicial.

La segunda república intentó reformar seriamente la estructura de España para modernizarla y acabar con una serie de problemas tradicionales, que habían ido surgiendo desde el siglo XIX con la llegada del Nuevo Régimen. Pero sus intentos resultaron fallidos, en las especiales circunstancias en las que se dio y sus reformas agrarias, del ejército, de la educación, sociales, autonómicas, religiosas y de profundización del desarrollo político y económico no consiguieron los resultados apetecidos. El desarrollismo franquista de los años sesenta tuvo como consecuencia el inicio de una serie de procesos que terminarían con la solución de muchos problemas de carácter social y económico. Así el problema agrario con la crisis de la agricultura tradicional empezó a mitigarse o la eclosión de las clases medias o el desarrollo de servicios básicos como la educación o la sanidad… en definitiva una profundización en la modernización económica y social. No obstante, los problemas políticos no se resolvieron debido al inmovilismo político del franquismo, estos quedaron postergados para la transición. El problema religioso quedó resuelto en parte en la Constitución del 78, de hecho, no se produjeron los debates apasionados sobre este tema que eran tradicionales en las constituciones españolas. Sin embargo, se hace en ella referencia a la religión católica, un sector de AP votó en contra por no hacer mención de “Dios” y todavía hay algún conflicto menor con la religión, sobre todo, relacionado con el nacionalismo o con la educación. El problema del protagonismo militar se fue solucionó definitivamente tras el golpe de Tejero y la entrada de los socialistas al poder. La integración en la UE y en Maastrich nos hizo integrarnos definitivamente en nuestro entorno europeo. Al mismo tiempo, la estancia del PSOE en el poder y su sustitución por el PP, consolidaron definitivamente el sistema democrático español, al favorecer un turno pacifico de partidos que ha consolidado hasta hoy la convivencia pacífica.

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More