Imprimir PDFLa Comisión de Venecia, también conocida como Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, es un órgano consultivo del Consejo de Europa, compuesto por expertos independientes en el campo del derecho constitucional. Fue creada en 1990, tras la caída del Muro de Berlín, en un momento de urgente necesidad de asistencia constitucional en Europa Central y Oriental.
La Comisión de Venecia tiene dos funciones principales:
Proporcionar opiniones consultivas sobre proyectos de ley y legislación en vigor en los Estados miembros del Consejo de Europa, así como en otros Estados que lo soliciten. Estas opiniones pueden referirse a cualquier tema relacionado con el derecho constitucional, incluidos los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia.
Realizar estudios e informes sobre temas de actualidad en el ámbito del derecho constitucional. Estos estudios e informes están destinados a promover el debate y la reflexión sobre los importantes desafíos que enfrenta el derecho constitucional en la Europa actual.
La Comisión de Venecia está compuesta por 62 miembros, uno por cada Estado miembro del Consejo de Europa. Los miembros son elegidos por el Comité de Ministros del Consejo de Europa por un período de cuatro años. La Comisión se reúne cuatro veces al año en Venecia.
La Comisión de Venecia ha sido una institución muy influyente en el desarrollo del derecho constitucional en Europa. Sus opiniones han sido utilizadas por los tribunales constitucionales y otras autoridades nacionales en muchos países. La Comisión también ha desempeñado un papel importante en la promoción de los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia en Europa. En la actualidad interviene como asesora en la ley de amnistía que negocian PSOEy Junts
Tras semanas de deliberaciones la Comisión de Venecia no respalda la Ley de Amnistía; insta al gobierno a consensuarla con la oposición, critica la celeridad y los modos de su elaboración y exige que no se emplee para beneficiar a individuos concretos como Puigdemont.
La primera ley de amnistía de España, fue promulgada en 1977. Fue una medida crucial en la transición del país hacia la democracia tras la dictadura franquista. Esta ley buscaba cerrar las heridas del pasado y facilitar la reconciliación nacional con un amplio consenso. La ley tuvo 3 elementos clave.
Alcance: Amnistió a personas condenadas por delitos políticos, incluyendo rebelión, sedición y terrorismo. También cubrió algunos delitos comunes conexos.
Excepciones: Quedaron excluidos crímenes de lesa humanidad, genocidio y terrorismo con víctimas mortales.
Motivación: La ley buscaba la concordia nacional y evitar represalias por acciones cometidas durante la dictadura.
La consecuencia fue que miles de personas encarceladas por motivos políticos fueron liberadas. Permitió el regreso de españoles que habían huido del país por motivos políticos. La ley ha sido criticada por algunos por permitir la impunidad de ciertos crímenes.
Ahora se estudia una nueva ley de amnistía para perdonar a los protagonistas del llamado “process”.
Los partidos catalanes demandan y la defienden porque argumentan que una ley de amnistía podría ayudar a cerrar las heridas del pasado y promover la reconciliación entre los diferentes sectores de la sociedad española. Algunos ven la amnistía como un elemento necesario para resolver el conflicto catalán, permitiendo la liberación de los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo.
La oposición ha hecho de esta ley, ya rechazada ya vez y de próximo segundo intento de aprobar, bandera política, Se critica que la amnistía podría implicar la impunidad de los responsables de delitos graves, como la sedición o la malversación de fondos públicos. La posibilidad de una ley de amnistía genera una profunda división social en España, con sectores que la consideran necesaria y otros que la rechazan frontalmente.
A estas alturas no existe un consenso político claro sobre la conveniencia de una ley de amnistía. El PSOE, junts, ERC y Sumar se han mostrado abiertos a la posibilidad de estudiar la cuestión, mientras que el PP y VOX la rechazan de forma tajante. La ley se negocia ahora en la comisión de justicia del Congreso, antes de votarse en pleno y su futuro sigue siendo incierto, siendo el mayor escollo la amnistía a posibles delitos de terrorismo. De hecho, la judicatura se ha mostrado puesta a la ley tal como está redactada.