La corrupción política suele ser un factor que los electores valoran a la hora de depositar el voto en los comicios electorales. En algunos momentos ha sido determinante por el volumen de rechazo generado y en otros, en cambio, no se ha traducido en pérdida de votos dando la impresión de que los ciudadanos han preferido mirar para otro lado.
En el año 1993 la corrupción política era tan abundante que acaparaba las primeras noticias de los medios de comunicación, sin embargo, tras celebrarse las elecciones legislativas y contra pronóstico, los españoles refrendaron al gobierno en cuyas filas se concentraban tal número de casos de corrupción que no había ministerio que se escapase de algún escándalo. Tres años más tarde y en medio de una crisis económica intensa muchos fieles electores del partido en el Gobierno decidieron cambiar el sentido del voto y con ello se produjo el relevo de fuerzas en el Parlamento y un nuevo inquilino en La Moncloa. Con estos antecedentes, vislumbrar el impacto de la corrupción en las filas del Partido Popular en sus aspiraciones electorales se hace menos complicado de lo que a priori pueda parecer. Tal y como la historia reciente nos indica, el español castiga más al incompetente que al corrupto.
El Partido Popular, en un escenario de bonanza económica, los casos de corrupción dados en las comunidades madrileña y valenciana, conocida como la trama Gürtel supondría un freno en sus aspiraciones de lograr una victoria electoral dado que el electorado no se sentiría estimulado a un cambio de voto a un partido con problemas internos. En el momento actual, aunque los medios de comunicación afines al Gobierno se afanan en poner altavoz diario a las noticias que van sucediéndose sobre los protagonistas de esa presunta trama, en un intento de hacer menos visible las consecuencias de la crisis económica, la realidad es que la preocupación destacada de los ciudadanos es, con mucha diferencia, la pérdida de empleo y un futuro incierto. Lo demás pasa a ser objeto de tertulia de café o de peluquería.
El ciudadano siente cerca la crisis a través la reducción de la calidad de vida ya sea porque el paro ha afectado su entorno familiar o porque su salario se ha visto reducido fruto de la menor actividad económica. En cambio, la corrupción la percibe de manera menos cercana y por tanto, menos lesiva. Entre castigar con el voto la compra irregular de unos trajes o la incapacidad de tomar medidas que contrarresten la pérdida de empleo, el ciudadano optará por esta última. El desgaste político que está sufriendo el actual Gobierno socialista es de tal magnitud que sólo puede ser neutralizada, en términos electorales, por una crisis interna de liderazgo grave en las filas populares, algo que tras el congreso de Valencia ha quedado zanjado, al menos en el horizonte electoral más próximo. Por tanto, la cuestión controvertida sobre el impacto electoral real de los casos de corrupción en las expectativas electorales del Partido Popular se puede considerar mínima y en ningún caso le privará de ganar unos comicios caso de que la situación económica no varíe de manera sustancial.