El caso voloh

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El caso Voloh es una investigación judicial en curso en Cataluña, España, que se centra en el supuesto desvío de fondos públicos para financiar el proceso independentista catalán y los gastos de subsistencia del expresidente Carles Puigdemont en Waterloo, Bélgica.

La investigación comenzó en octubre de 2020, cuando la Guardia Civil realizó una serie de redadas en Cataluña y detuvo a 21 personas, entre ellas el exconsejero de ERC Xavier Vendrell, el exdirigente de CDC David Madí y el empresario Oriol Soler.

La investigación se basa en la hipótesis de que una red de empresarios y exfuncionarios públicos catalanes desviaron fondos públicos de la Diputación de Barcelona y otras instituciones públicas para financiar el procés y los gastos de Puigdemont.

Los investigadores creen que los fondos se desviaron a través de una serie de empresas pantalla y paraísos fiscales. También creen que los fondos se utilizaron para pagar viajes a Moscú, donde Puigdemont se reunió con representantes del gobierno ruso.

En abril de 2022, el juez instructor del caso Voloh, Joaquín Aguirre, archivó la causa contra Josep Lluís Alay, exjefe de gabinete de Carles Puigdemont. Aguirre consideró que no había pruebas suficientes para acusar a Alay de los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales.

Sin embargo, la investigación continua abierta contra los otros 20 sospechosos. En mayo de 2022, comenzaron las declaraciones orales en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El caso Voloh ha sido muy controvertido en Cataluña. Los independentistas lo consideran una persecución política, mientras que los unionistas creen que es una investigación necesaria para esclarecer los presuntos delitos cometidos durante el procés.

El caso Voloh aún está en curso, y es posible que se lleven a cabo más detenciones y procesamientos en los próximos meses. También es posible que el caso alcance la Audiencia Nacional, el tribunal superior de España.

El desenlace del caso Voloh tendrá un impacto significativo en la política catalana. Si se demuestra que los acusados cometieron los delitos que se les imputan, podría aumentar la desconfianza entre las dos comunidades políticas de Cataluña. También podría dificultar las negociaciones entre el gobierno español y el independentista sobre el futuro político de la región.

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