Imprimir PDF“Describe las acciones impulsadas por el Presidente del Gobierno Adolfo Suárez para la reforma política del régimen franquista: La ley para la reforma política de 1976, la ley de amnistía de 1977, etc..”
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: Gobierno Arias Navarro:
– Fernández-Miranda presidente de las Cortes.
– Creación de la Platajunta > exige la apertura de un periodo constituyente.
– Contactos con dirigentes de la oposición moderada.
– Visita del Rey a Estados Unidos > se manifiesta partidario de una monarquía parlamentaria. Gobierno Adolfo Suárez y Ley para la Reforma Política:
– Reforma desde la legalidad.
– Amplia amnistía a delitos de opinión y de intencionalidad política.
– Las Cortes franquistas aprueban el proyecto de Ley para la Reforma Política > respaldo popular en un referéndum.
– Intentos de desestabilización: extrema derecha y extrema izquierda (GRAPO). Legalización del PCE y elecciones de junio de 1977:
– Búsqueda de colaboración de la oposición organizada.
– Legalización del PCE.
– Convocatoria de elecciones generales > victoria de UCD > carácter constituyente de la legislatura > Constitución de 1978.
– Pactos de la Moncloa > orden socioeconómico.
El gobierno Arias Navarro. El final del franquismo.
En enero de 1974 Franco nombró presidente del gobierno a Carlos Arias Navarro que pretendió dar una imagen de ruptura, sin conseguirla. Arias se declaró partidario de ciertas reformas y de la aprobación de un estatuto de Asociaciones Políticas. Pero tras un largo estudio las posibilidades que permitía eran tan poco viables que sólo se registraron siete asociaciones que, además debían respetar los Principios Fundamentales. Los sectores reformistas y la oposición en pleno rechazaron tan mínimas concesiones, pidiendo una reforma constitucional.
Junto a la represión, otro de los grandes problemas que se planteó el gobierno Arias fue la crisis económica derivada de la crisis del petróleo iniciada en 1973 y de muchos problemas anteriores. La crisis no hizo sino agravar la situación en los finales del régimen.
Un asunto más que tuvo que enfrentar el último gobierno del franquismo la tremenda expansión de los movimientos de protesta con una gran actividad huelguística y una notoria escalada terrorista. La influencia reformista llegó al Ejército, descubriéndose una organización democrática (UMD) y siendo detenidos sus principales dirigentes. Además, se alcanzó un punto crítico en las relaciones con la Iglesia. Ante esta situación el gobierno optó por la represión: estado de excepción en el País Vasco y cuatro consejos de guerra que dictan 11 penas de muerte a miembros de ETA y FRAP). La reacción internacional ante las ejecuciones provocó protestas internacionales.
Paralelamente, se había iniciado un proceso de coordinación en la oposición. A fines de 1971 se había formado la Asamblea de Cataluña, en la que estaban representados distintos sectores de la oposición al franquismo y nacionalistas. En julio del 74 se constituye en París la Junta Democrática, integrada por el PCE y partidarios de D. Juan de Borbón. A ellos se sumaron luego los socialistas de Tierno Galván, los carlistas, Comisiones Obreras y el Partido del Trabajo. Su manifiesto reclamaba la “ruptura” democrática y la apertura de un proceso constituyente.
Un año después, 1975, el PSOE, los cristianodemócratas y liberales organizaron otro organismo unitario al margen de la Junta: la Plataforma de Convergencia Democrática. Ninguna de las dos aceptó la colaboración política de Arias. Por su parte, personas vinculadas al régimen como Fraga, Fernández Ordóñez y Pío Cabanillas reclamaban también una reforma constitucional.
En medio de todo ello al régimen le surgió otro problema: la reclamación por parte de Marruecos del Sahara. Ante el riesgo de conflicto se llegó a los acuerdos de Madrid por los que el antiguo territorio español se repartía entre Marruecos y Mauritania. El 20 de noviembre fallecía el dictador.
Pero a parte de estos movimientos políticos era más importante el cambio en el seno de la sociedad española, que había llegado en 1977 a la conclusión espontánea de que tan solo podía vivir en democracia. Valores como la justicia, la libertad y la democracia tenían cada vez más influencia en la vida social española. La petición de libertad religiosa y sindical era un clamor en la calle.
El 22 de febrero de 1975, el rey Juan Carlos I confirmó al presidente del gobierno Arias Navarro, a fin de evitar un enfrentamiento con el bunker. Pero Arías no tenía intención de llevar al país a un régimen democrático.
En abril de 1976 aparecieron serios problemas de orden público (huelgas, manifestaciones, encarcelamientos). Aunque la vieja guardia franquista en las Cortes (bunquer) rechazó un primer intento de proyecto de ampliación de la Ley de Asociaciones, no pudo evitar, poco después que se aprobaran una Ley Reguladora del Derecho de Asociación y otra de Reunión.
Ante este panorama el Rey declaró su propósito de establecer en España un régimen democrático y Arias Navarro, presionado por diversos sectores, acabó presentando su dimisión en julio.
El gobierno de Adolfo Suárez y la Ley para la Reforma Política.
El 3 de julio de 1976 fue nombrado presidente Adolfo Suárez. Entre julio de 1976 y junio de 1977 se procedió al desmantelamiento de las instituciones del régimen de Franco.
El nuevo gobierno, compuesto por políticos jóvenes y nuevos se proponía la creación de un nuevo régimen jurídico y político, para lo que había que vencer primero las dificultades que presentaría el viejo aparato del franquismo.
El mecanismo que los reformistas más moderados del interior del régimen de Franco tenían pensado para pasar desde la situación autoritaria a otra liberal, representativa y democrática, tenía como base la idea de ir, según decían, con gran prudencia “de la ley a la ley” (de las leyes de Franco a las liberal-democráticas). Para ello había que elaborar efectivamente una nueva ley básica de un régimen muy distinto al de Franco.
La ley propuesta se llamó Ley para la Reforma Política (LRP). El texto de esta ley se debió a Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes. El articulado definitivo de la LPR establecía que se instaurarían por sufragio universal unas Cortes compuestas por dos cámaras, Congreso y Senado. Antes de aprobar la reforma, el Rey podría someterla a referéndum del pueblo. En estas disposiciones breves y directas se comprendía todo el meollo del cambio. La iniciativa de la reforma de las leyes la tendría el gobierno y el Congreso de los Diputados. El Rey siempre tendría la posibilidad de promover referendos de iniciativas propias. El gobierno organizaría las primeras elecciones. A aquella ley se le dio el rango de Ley Fundamental.
La ley fue aprobada en Cortes casi por unanimidad, y poco después lo fue también por referéndum nacional en el cual, pese a la propaganda franquista a favor de la no participación, solo se abstuvo un 23% del cuerpo electoral.
Esta nueva Ley suponía el principio del fin del franquismo, pero fue apoyada por parte de las fuerzas del régimen de Franco pues estos tenían asegurada una transición sin riesgos, se les garantizó la conservación de su estatus social y económico, la inexistencia de petición de responsabilidades al régimen anterior y el mantenimiento en la ilegalidad de la izquierda más agresiva.
El resultado del referéndum dio fuerza a la oposición y a Adolfo Suárez que creará Unión de Centro Democrático (UCD), una coalición de partidos unidos entorno a Suárez. Aunque el acuerdo sobre la norma electoral fue relativamente fácil, no lo fue tanto la legalización de todos los partidos políticos, lo que incluía al PCE. La negociación para este tema se inicia en enero de 1977 y un decreto de febrero legalizaba de hecho todos los partidos, pero faltaba el PCE. En este contexto hay que tener en cuenta el terrorismo de ETA, GRAPO los grupos de extrema derecha, en este ambiente de máxima tensión y tras largas negociaciones en abril de 1977 se legaliza el PCE. Esta decisión provocará una crisis en el gobierno, dado el rechazo de los militares a esta medida.
Junto a ello, ese mismo año contempla la legalización de las centrales sindicales, la disolución del Movimiento, el regreso a España de opositores históricos como Pasionaria, el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña con su presidente en el exilio, Joseph Tarradellas y la firma de los pactos de la Moncloa (firmados por casi todas las fuerzas democráticas, grupos sindicales y patronales y que permitieron estabilizar la economía e iniciar la recuperación tras la crisis del 73 y la recesión final del franquismo).
Las elecciones generales de junio de 1977 se caracterizaron por la fragmentación de los partidos políticos. Se pueden agrupar por su orientación ideológica en tres bloques: partidos de izquierda (PSOE, PCE y otros 6 agrupaciones de carácter más o menos revolucionario), partidos de derechas (AP, coordinado por Fraga, un partido de filiación franquista alejado del centro; Fuerza Nueva, grupo ultraderechista, y otros pequeños grupúsculos) y partidos de centro (la coalición formada por Suárez, la UCD). Pronto la legislatura se convertiría en constituyente.
Los resultados de las elecciones se caracterizaron esencialmente por el rechazo de las posiciones extremas (PCE y AP). El triunfo fue para la derecha moderada, UCD, y después la izquierda del mismo signo representada por el PSOE. De esta forma el sistema político queda organizado como un bipartidismo imperfecto, pues ningún partido consiguió la mayoría absoluta.
La Constitución de 1978 responde a la negociación entre los partidos más importantes. El texto aprobado por las cámaras y por referéndum nacional creando un Estado democrático y social de derecho, constituido como una monarquía parlamentaria. El reconocimiento de las particularidades regionales llevaría al país desde el centralismo al estado de las Autonomías. De manera paulatina la convivencia política comienza a ordenarse. El futuro inmediato de la joven democracia española estaba en marcha.