Pensaba opinar sobre el rescate a España, pero resulta difícil opinar de algo sobre lo que no hay información. Me temo que es lo mismo que han pensado muchos de los inversores (eso que llamamos el mercado), y de ahí el subidón (en el mal sentido) de nuestra prima de riesgo (hay que ver que familia más desagradable tenemos).
En todo esto hay dos vertientes que conviene analizar. Como sabiamente indicaba esta mañana Carlos Alsina, llegados a este punto, ha sido, casi, la mejor solución. La realidad es que para España es más grave el endeudamiento privado que el público, y este gira en torno a los bancos. Por tres razones. Las familias le deben mucho a los bancos, lo que pone en peligro su existencia, pero de esta depende el ahorro de muchas familias, sus pensiones y supervivencia, incluso. Tanto como las empresas que están ahogadas sin crédito, máxime cuando el círculo económico de yo te vendo, tu me pagas, en España es casi una quimera. Esta situación sería solucionable con bancos sanos, bien organizados, y preparados para asumir el riesgo de que parte de sus clientes sean morosos. Pero no es así, ante la perversa irresponsabilidad de muchos bancos y cajas, inmersos en prácticas que todos conocemos. El reciente informe del FMI sobre la evaluación del sistema financiero español reconoce en su página 22 que solo el 47% de las entidades españolas son capaces de cumplir con sus compromisos y responder de sus fondos. Un jugosísimo artículo de Steve Rendall en WSJ revelaba el domingo que muchos bancos prestaron dinero a promotores por valores superiores al 50% del valor de sus proyectos, y que un 36% de los créditos hipotecarios concedidos en España desde 2006, solo podrían haber sido devueltos si sus titulares trabajasen, en las condiciones laborales existentes en el momento de firmar el contrato, durante 121 años. Casi nada.
Es importante recordar estos datos por dos razones. Ahora pedimos dinero para sacar de la crisis a una serie de empresas (eso son los bancos) que poco han cambiado en su estructura de funcionamiento en los últimos años, tan solo nos hemos limitados a fusionar empresas en quiebra para que la quiebra sea más gorda, a cambiar sus nombre y a engordar sus consejos de administración, pero sin remodelar su modelo de negocio, cambiar sus prácticas contables y hacia sus clientes y sus sistemas de trabajo. De hecho, las tan cacareadas dos reformas financieras del actual gobierno ha sido solo una, la otra está en proceso de aportación de información. Y cuando es preciso hacer tantas reformas sobre algo, es que no se acierta.
Una segunda razón afecta a la información, indispensable para arreglar algo. Seguimos sin saber cuanto se debe, que se va a hacer con el parque inmobiliario, que pasará con los accionistas, quien manda en el sistema financiero (si el ministerio de economía de De Guindos, el de hacienda de Montoso, la oficina presupuestaria de Nadal o el Banco de España de Linde, y eso es importante para establecer una línea de trabajo coherente y sostenible en el tiempo) y quienes son los responsables de este drama (no sea que sigan tomando decisiones los mismos que han generado el problema, de ahí la importancia de una investigación a fondo, parlamentaria y judicial).
Pero el problema no solo es económico, es también político. La forma en que Rajoy ha negado la realidad hasta el último momento, al más puro estilo Zp, siembra la duda sobre la capacidad de mantener un “Reino de España” independiente por mucho tiempo, y sobre la capacidad técnica, moral y psíquica de nuestros gobernantes. Tras los consabidos “España no será rescatada”, “nosotros hemos presionado para la ayuda”, “no entramos en un debate de nombres” o, el más sangrante, “el rescate no trae imposiciones macroeconómicas”, ha venido una realidad cruda y triste. O el gobierno no sabe donde está pinado o es un mentiroso compulsivo o nos desprecia, al considerarnos seres infantiles, incapaces de comprender nuestro agrio destino. No es una cuestión de descoordinación informativa (espantosa la manera en que los ministros entre si, y estos con el presidente se contradicen y desautorizan), sino de pura y simple mentira.
Cuando
alguien presta dinero (Europa a España en este caso), no solo cobra un interés,
sino que impone condiciones que garanticen la devolución del crédito. Para
garantizar que el estado español (receptor del crédito a través del FROB, no
los bancos) devuelva el dinero, la
UE ha impuesto, y el ministro de finanzas alemán y el
comisario europeo del ramo lo han dejado claro, serias condiciones a España. Un
país que deberá ahorrar para garantizar que, en caso de que los bancos no
devuelvan el dinero, se pueda restituir el préstamo y sus intereses. Esto es, la UE vigilará el cumplimiento del
déficit, objetivo que se mantendrá (en un escenario de recesión) a base recortar
gastos y subir impuestos. Un déficit que se incrementará al computarse contra
España los intereses de la deuda.
La situación toma un cariz aun más peligroso por la forma en que el crédito se
va a formalizar. Aun hay pocos detalles, todo depende, además de saber cuanto
deben los bancos (que ya es triste no saberlo todavía). Pero ya hay un dato
preocupante. Todo indica que el dinero nos saldrá del fondo de rescate temporal
de la eurozona, sino del nuevo Mecanismo de Estabilidad Europeo (Mede), que
sustituirá al primero este verano y se hará titular de los créditos que
conceda. El problema reside en que el dinero estregado por este mecanismo se
considera “señor”, esto es preferente. Así que, si España entrase en
dificultades de pago, lo primero que deberá pagar, lo preferente es la deuda
que ahora contraemos. Ante esa perspectiva, los inversores extranjeros ven los
bonos de deuda pública española menos atractivos, pues se pagarían en segundo
lugar. ¿Como colocar entonces los bonos en el mercado? Pagando más intereses.
Comprendéis, ¿verdad?