Claves de la nueva Ley de Memoria Histórica

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Que en España hubo una guerra civil el siglo pasado esta fuera de toda duda, y que la posguerra fue una loa a la venganza y la represión también.

Lo que es más peliagudo es que hacer ante esta situación. A principios de la Transición, hace 40 años, se optó por una ley de amnistía general que tapara heridas y enterrara agravios. Pasados los años, sin embargo, el deseo de justicia se ha hecho tan fuerte que los gobiernos de las últimas dos décadas no han tenido más remedio que tomar el toro por los cuernos y defender la verdad, la de los inocentes de ambos bandos, desaparecidos, deshonrados y sin memoria. Un hecho grave para ellos, pero también para las nuevas generaciones que desconocen su pasado y las injusticias que encierra.

En los últimos meses el gobierno de Pedro Sánchez ha dado pasos en esa dirección, no sin polémica. Tras haber retirado el cadáver del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos (Un monumental edificio a las afueras de Madrid para su glorificación y que recoge sin nombre cientos de tumbas de presos republicanos), el Gobierno desea ahora profundizar en la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática aprobado estos días prevé ilegalizar asociaciones que ensalcen la figura del dictador, por lo que la Fundación Francisco Franco parece tener las horas contadas. Asimismo, se prohibirá la creación de asociaciones que fomenten el franquismo y se contemplan multas de hasta 150.000 euros a quienes incumplan la nueva ley, que en sus 66 artículos tiene un apartado especial dedicado a la particular represión que sufrieron las mujeres durante la dictadura. Se hace expreso hincapié, igualmente, en las víctimas de etnia gitana y homosexuales represaliadas en ese periodo.

La norma, según declaró la vicepresidenta Carmen Calvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se inspira en las recomendaciones hechas por la ONU y por la Unión Europea para homologar la democracia española con las democracias de su entorno, históricamente comprometidas en la lucha contra el fascismo. Amparándose en el artículo 10 de la Constitución, la Ley de Memoria Democrática se vincula a los tratados internacionales referidos a los Derechos Humanos.

En su comparecencia, Calvo se refirió a las fosas comunes e informó de que se hará “una lista de víctimas, un banco de ADN y se destinarán recursos públicos para identificarlas y enterrarlas como merecen”. Y añadió que el Gobierno trabajará mano a mano con las familias de las víctimas y con las asociaciones memorialistas y que se creará una fiscalía de sala en el Tribunal Supremo para apoyar estas tareas, que considera de una importancia capital para la salud democrática de nuestro país.

El Gobierno apunta también dos nuevas fechas para honrar la memoria de las víctimas del franquismo y de los luchadores y las luchadoras contra el fascismo: el 31 de octubre (fecha en que las Cortes aprobaron el texto de la Constitución de 1978) y el 8 de mayo (fecha de la rendición de la Alemania nazi en 1945, que es fiesta, por ejemplo, en Francia y en el Reino Unido). Calvo remarcó la importancia de esta última efeméride y del lema que la celebra en toda Europa: “Nunca más”, referida al fascismo y al nazismo que desangró el continente.

Otro de los puntos importantes que se abordarán en la nueva ley será la anulación de los juicios políticos producidos durante la posguerra. Las sentencias de aquellos tribunales siguen vigentes en la actualidad, incluida la condena a muerte del president de la Generalitat Lluís Companys, dictada en 1940. El gesto, aunque simbólico y tardío, supone quebrar la continuidad legal de la jurisprudencia franquista y enmendar, implícitamente, la estrategia jurídica ideada por Torcuato Fernández-Miranda para llevar a cabo la Transición: “De la ley a la ley”. Esas sentencias son “nulas de pleno derecho”, en palabras de Calvo.

Además, el Valle de los Caídos, donde están enterrados 34.000 combatientes de la guerra civil española, se transformará en un espacio educativo dedicado al recuerdo a las víctimas y se procederá también a la retirada de medallas a los policías torturadores, entre ellas la concedida a Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño. También desaparecerán los títulos nobiliarios asociados al franquismo, con lo que Carmen Martínez-Bordiú dejará de ser, oficialmente, duquesa de Franco.

La futura aplicación de estas nuevas medidas chocará, sin duda, con algunas administraciones autonómicas poco proclives a la ampliación de las leyes de Memoria Histórica. “Esta es una ley que tardará mucho en el tiempo para que pueda aplicarse plenamente”, admitió Carmen Calvo. El caso de Andalucía es paradigmático. El Mapa de Fosas oficial habilitado por la Junta habla de 708 enterramientos ilegales y más de 45.000 víctimas. Sin embargo, el gobierno presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla ha recortado paulatinamente el presupuesto dedicado a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. El jefe nacional de su partido, Pablo Casado, se refirió a este asunto en 2015 del siguiente modo: “¡Si es que en pleno siglo XXI no puede estar de moda ser de izquierdas, pero si son unos carcas! Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica…”. Tras la polémica creada por sus declaraciones, pidió disculpas. La postura del Partido Popular siempre ha sido, oficialmente, la de no reabrir heridas del pasado (según su propia terminología), pero cuando se ha referido expresamente a la Memoria Histórica no ha escatimado en palabras de desprecio a la misma.

Fuente la Marea

Imagen Carmen Calvo (El Español)

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