Básico 32. La constitución de 1978

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“Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus características esenciales”.

Las elecciones generales de junio de 1977 se caracterizaron por la fragmentación de los partidos políticos. Se pueden agrupar por su orientación ideológica en tres bloques: partidos de izquierda (PSOE, PCE y otros 6 grupos más o menos revolucionarios), partidos de derechas (AP, un partido de exfranquistas moderados, Fuerza Nueva, grupo ultraderechista, y otros pequeños) y partidos de centro (la coalición formada por Suárez, la UCD), que se alzarían con el triunfo. Pronto la legislatura se convertiría en constituyente.

La constitución es un texto largo que manifiesta la voluntad de crear un marco jurídico válido para todas las opciones políticas y sociales y por tanto una constitución de vida larga.

Con el ánimo de crear un texto de amplio consenso y aceptación por todos, se creo una ponencia constitucional que creara el borrador constitucional. La ponencia estaría formada por siete diputados que representan a una amplia gama política.

La “ponencia constitucional” la formaron José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero de Miñón y Gabriel Cisneros por UCD, Gregorio Peces-Barba por el PSOE, Jordi Solé Tura por el PCE-PSUC, Miquel Roca por Minoría Catalana y Manuel Fraga por AP.

El PNV se quedó al margen como protesta por no recogerse el reconocimiento pleno de los derechos forales que el partido defendía, por lo que pidió la abstención en el País Vasco.

El texto fue aprobado por las cámaras y por referéndum nacional.

El estado se como un “social y democrático de Derecho”, basado en la soberanía nacional y constituido como una monarquía parlamentaria. El rey, Jefe del Estado, tiene funciones moderadoras y representativas y asume la jefatura de las Fuerzas Armadas

Pese a establece la “indisoluble unidad de la nación española, se reconoce que esta está integrada por “nacionalidades y regiones”, a las que se garantiza el “derecho a la autonomía”. Consagra un nuevo modelo del Estado no centralista: el Estado de las Autonomías, de carácter “cuasi federal” dadas las competencias que obtienen las comunidades, especialmente las llamadas históricas (Cataluña, Pais asco, Galicia y Andalucia)

La división de poderes es nítida organizando el estado sobre la base de la limitación drástica de los poderes de la Corona, la consagración del bicameralismo y el presidencialismo.

El poder legislativo lo encarnan las Cortes formadas por dos Cámaras, el Senado (cámara de segunda lectura y representación territorial y el Congreso de los Diputados (sede máxima de la soberanía y principal órgano legislativo). Ambas serán elegidas por sufragio universal (mayoritario la primera y proporcional corregido la segunda)

El poder ejecutivo descansa en el gobierno, con un presidente elegido por los diputados (el Congreso) a través de una votación de investidura.

El poder judicial es independiente. Está formado por jueces y magistrados. El máximo órgano es el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, constituyendo el tribunal superior en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo y social). Un Tribunal Constitucional decide sobre los recursos de inconstitucionalidad, recursos de amparo y conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, o de éstas entre sí. Al tiempo se mantiene la Audiencia Nacional para entender de delitos de especial gravedad de ámbito estatal (tráfico de drogas, terrorismo o corrupción).

Se reconoce el castellano como lengua oficial del Estado, y se establecen también como oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas a “las demás lenguas españolas”.

Hay una enumeración minuciosa de todos los derechos individuales, aprovechando la oportunidad para suprimir la pena de muerte. La declaración de derechos y libertades es amplia. Incluye mayoría de edad a los 18 años, la libertad religiosa, la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica. Se suprime la pena de muerte. Se reconoce el divorcio cuyos términos serán regulados en una ley posterior.

En lo social y económico hay un reconocimiento expreso de la propiedad privada y del mercado libre, pero también de la posibilidad de intervención del estado en la vida económica por medio de la planificación y del mercado libre, pero también de la confiscación de la propiedad en caso necesario.

En suma, se trata de un texto que armoniza las preocupaciones sociales de la democracia liberal con el reconocimiento de la economía de mercado y las preocupaciones sociales propias del Estado del Bienestar. a.ya})(); }); // Google Inc.

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