En medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, las mascarillas se habian convertido en un elemento fundamental para proteger la salud de la población. Sin embargo, detrás de la necesidad de usar mascarillas hay una trama política que está siendo objeto controversia y acusaciones cruzadas entre los dos grandes partidos. Uno de los personajes clave en esta historia es Francine Armengol, quien ha estado en el ojo del huracán por su gestión de la distribución de mascarillas en la comunidad autónoma que presidia, Baleares
Francine Armengol es una política española nacida en Mallorca en 1971. Miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha ocupado diversos cargos en la vida política de las Islas Baleares, siendo elegida presidenta del gobierno autonómico de Baleares en 2015. Armengol es conocida por su compromiso con la defensa de los derechos sociales y la igualdad de género, así como por su firme postura en la lucha contra la corrupción.
Desde que se declaró el estado de alarma en España a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19, la distribución de mascarillas se convirtió en una de las prioridades de los gobiernos autonómicos. En el caso de Francine Armengol, su gestión en este sentido ha estado envuelta en polémica debido a las acusaciones de falta de transparencia y favoritismo en la asignación de recursos.
Uno de los puntos más controvertidos de la gestión de Francine Armengol en relación con las mascarillas ha sido la falta de claridad. Se han denunciado casos de empresas y particulares que habrían recibido un trato preferente a la hora de acceder a este material de protección, lo que ha generado malestar en la opinión pública y sospechas de corrupción. De hecho, alguien del ministerio de fomento se puso en contacto con un alto funcionario balear, no identificado. Tras ese contacto, el gobierno balear compró a la trama corrupta de Koldo García mascarillas por valor de más de 3 millones de euros. Una vez recibidas y pagadas se firmó el contrato. A las pocas semanas funcionarios de sanidad comunicaron a Armengol que las más carillas no valían para uso sanitario, por lo que se almacenaron. Dos años después se paso a Europa la factura para cobrarla, que ocurrió, de los fondos de recuperación. En medio el gobierno balear dio a la trama de Koldo una carta de recomendación para trabajar con otras administraciones, mientras se iniciaba el trámite para devolverlas y recuperar el dinero.