Apenas tres días después del apagón que desnudó las debilidades del sistema eléctrico el 28 de abril, el Gobierno del PSOE apostaba por una norma que reforzase la red, estimulase las renovables y evitase futuros colapsos. Sin embargo, cuando el reloj dio las diez de la mañana y se contabilizaron los votos, la sorpresa se tornó en fracaso: la norma quedó tumbada con 183 votos en contra y 165 a favor.
El rechazo no fue el habitual choque entre bloques. En una alianza insólita, PP, Vox, Junts, Podemos, BNG y UPN, apoyados además por un diputado de Chunta Aragonesista, se unieron para vetar la iniciativa.
En el estrado se respiraba un cóctel de argumentos: el PP, liderado por Feijóo, criticaba la ausencia de responsabilidades tras el apagón —“no ha habido una sola dimisión”— mientras acusaba al PSOE de querer salvarse mediante un parche legislativo. Podemos, por su parte, denunció que el decreto no señalaba con firmeza la responsabilidad de las grandes eléctricas —Iberdrola, Endesa, Naturgy—, responsables, según ellos, del colapso. Junts y BNG aprovecharon para criticar el incumplimiento de sus pactos políticos, como la amnistía catalana o la presencia del catalán en Europa.
¿Qué contenía realmente el decreto?
Su estructura era clara y ambiciosa. En primer lugar, reforzaba la supervisión técnica: la CNMC y Red Eléctrica tendrían plazos más cortos para auditar la red y su tensión eléctrica. En segundo lugar, incentivaba las renovables y el autoconsumo: elevaba a 5 km la distancia máxima entre productor y consumidor, la figura del “gestor de autoconsumo” y exenciones de peajes a la industria electrointensiva . En tercer lugar, abría la puerta al almacenamiento y a la flexibilidad, claves para balancear la oferta y demanda en renovables.
Además, introducía mecanismos para repotenciar plantas existentes y reducir plazos administrativos, algo clave para desarrollar grandes parques fotovoltaicos o eólicos. Estas medidas habrían permitido que algunas regiones —sobre todo Aragón, Extremadura, Castilla‑La Mancha y Andalucía— se convirtiesen progresivamente en despachos de energía limpia, mientras que otras, con menor potencial renovable, seguirían siendo zonas consumidoras.
Un nuevo mapa energético espiralado
La caída del decreto frenó esta transición. En las zonas más favorecidas por sol y viento se abría la esperanza de convertirse en grandes productoras. Con el decreto, esas regiones habrían canalizado grandes inversiones, generado empleo rural y rebajado su factura eléctrica, mientras servían de soporte a los consumidores del norte y del área metropolitana. Pero ahora, con el decreto bloqueado, esas expectativas se enfrían. España corre el riesgo de mantenerse en un modelo centralizado: pocas regiones productoras abasteciendo a muchas otras dependientes del oligopolio eléctrico.
Expropiación indirecta y fondos buitre
Uno de los puntos más controvertidos era la rebaja de requisitos para expropiaciones parciales en superficies susceptibles de instalación solar o eólica. El texto permitía agilizar la ocupación temporal o permanente de terrenos, siempre con compensaciones, facilitando proyectos en zonas dispersas o fragmentadas. Pero esta rebaja también fue vista como un caballo de Troya: abría la puerta a inversores extranjeros, incluidos fondos buitre, para adquirir grandes extensiones a bajo precio y controlar buena parte del mercado renovable.
Detrás de ese aparente impulso al autoconsumo y a las comunidades energéticas, había sectores preocupados: ¿qué ocurriría si los fondos buitres compran el suelo, montan los proyectos, y venden la energía a las grandes eléctricas o directamente al mercado? El decreto no limitaba este tipo de inversión, y eso supuso un argumento más para varios partidos que votaron en contra por considerarlo una “privatización encubierta” de lo público.
Causas y lecciones
El rechazo obedeció a una mezcla de causas:
- Inestabilidad política: la legislatura se ha caracterizado por mayorías volátiles y alianzas impredecibles. El PNV ya alertaba hoy de una “mayoría negativa” que bloquea iniciativas clave.
- Estrategia de oposición: el PP y Vox aplican un “no sistemático”, buscando desgaste para forzar comicios anticipados.
- Desconfianza hacia el PSOE: partidos como Podemos, Junts y BNG sienten que el decreto refuerza al oligopolio, sin sanciones a las eléctricas, ni garantías transparentes.
- Miedo al capital depredador: la rebaja en expropiaciones alimentó temores sobre el rol de fondos buitre en el sector renovable.
¿Y ahora qué?
Según el Gobierno, no será el último capítulo: Pedro Sánchez anunció desde Uruguay que volverán a presentar una versión revisada, tal vez segmentada, después del verano. Pero el reto será mayúsculo: tendrá que convencer no solo a los ecologistas y al sector energético, sino también calmar las suspicacias de Podemos y los partidos regionales. En juego está el futuro energético de España: más descentralizado, más renovable o… atrapado en un modelo tradicional, en el que unas pocas grandes empresas marcan el rumbo.
Fuentes:
- El sector eléctrico cae cerca del 2 % en Bolsa tras el rechazo del decreto antiapagones El País+15Cinco Días+15Cadena SER+15
- Un decreto contra los apagones que no ve la luz: el Congreso tumba la última gran apuesta energética del Gobierno Energías Renovables+10El País+10EL ESPAÑOL+10
- El decreto para evitar otro apagón en España naufraga en el Congreso: qué incluía y qué pasará ahora ElHuffPost
- Aitor Esteban alerta de que “empieza a conformarse una mayoría negativa” en el Congreso El País
- El Congreso tumba el decreto ‘antiapagones’ – RTVE, EFE, Cadena SER, El País euronews+11RTVE+11Cadena SER+11
- Detalles del contenido técnico y legal del decreto