Amarás a la tierra como a ti mismo

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Cantabria es desde el día 8 de abril de 2013 una de las primeras administraciones españolas en prohibir la técnica de la fractura hidráulica para la obtención de gas de roca, a través de una ley aprobada por el parlamento regional. Pese a la unanimidad de la decisión parlamentaria, las críticas, y las dudas de los grupos opuestos al conocido como fracking no se han hecho esperar. Para la oposición la ley deja abierta la posibilidad de una revisión de la medida, en tanto en cuanto condiciona la prohibición a la existencia de una tecnología con garantías suficientes, y en un marco legal más claro (dado el actual cruce de competencias entre diversos niveles de la administración), planteamiento que ha sido entendido como una puerta abierta a posteriores decisiones del ejecutivo regional contrarias a la decisión actual. La medida plantea otra incógnita. Las declaraciones del ministro de industria dejan claro que el gobierno central no está dispuesto a renunciar a esta riqueza minera y los ingresos que provoque, con lo que un conflicto de competencias puede ser inminente. En la actualidad en Cantabria se encuentran concedidos por el ministerio dos grandes proyectos de estudio geológico, a Repsol y Gas Natural, el Luena y el Bezana, ambos en la zona sur de la provincia, y que afectan a más de 150.000 hectáreas de nuestra comunidad y de la de Castilla León. Junto a ellos, el ministerio estudia en la actualidad la solicitud de la empresa Montero Energy para llevar a cabo el proyecto Galileo, más de 80.000 hectáreas repartidas entre Cantabria y Vizcaya. El carácter estatal de estas concesiones hace imposible que la ley aprobada tenga efecto, como nos explicaba Yunia Muñoz, portavoz de la plataforma Cantabria No Se Vende (CNSV), un movimiento donde conviven grupos ecologistas, vecinales y cívicos que han realizado una ingente tarea de concienciación. La esperanza para los movimientos ciudadanos está en el Arquetu, un proyecto de Trofalgas en la zona occidental que solo afecta a Cantabria y sobre la que el gobierno regional si podría aplicar la ley.

Pero los condicionantes económicos siguen pesando. Shale gas España, la patronal de las empresas de hidrocarburos no convencionales juega esa baza, la de pérdida de ingresos e inversiones, al tiempo que plantea posibles indemnizaciones por los proyectos de estudio que se paralicen, según nos ha explicado Mónica Cristina, la portavoz de las empresa, un extremo que ha desmentido el consejero de Medio ambiente, Javier Fernández. Para Fernández las posibilidades de que prosperen las peticiones de indemnización son muy bajas. De hecho, “el único permiso concedido por la administración regional (Arquetu) se encuentra recurrido al desarrollarse en suelos que no cumplen las condiciones de compatibilidad urbanística que exige la ley”. Una ley que sigue siendo la gran incógnita. Los permisos de explotación y estudio mediante fracking precisan estar de acuerdo con los planes urbanísticos y en la actualidad 50 de ellos se encuentran en elaboración o revisión (de 102 municipios que tiene la provincia). Por eso los grupos ciudadanos opuestos siguen alertando no solo de las consecuencias de esta técnica extractiva, sino de que estamos ante un proceso legal que no ha hecho más que empezar, incluso en su debate. Para muchos empresarios e ingenieros, como el ex decano de la UC Pedro Hernández Cruz, estamos perdiendo una posibilidad histórica de crecimiento como fue la llegada de la industria a fines del XIX. Para los grupos ciudadanos evitando un daño irreparable. Según Yunia Muñoz, no es posible controlar las micro grietas que se producen en el terreno con esta técnica, por lo que su extensión puede difundir el gas y el agua contaminada a los acuíferos, de los que una gran parte de la población de Cantabria se abastece.

Las fuentes consultadas por “Enredados” no ocultan que podemos estar ante una mera tregua en la que el gobierno regional ha intentado ganar la batalla de la imagen, pero solo ha librado una escaramuza.

Imagen sobreestoyaquello

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